Con cuestionamientos hacia Nación, la Convención del MPN exigió una mesa de diálogo con las provincias

La determinación del Gobierno nacional de otorgarle la administración de las represas hidroeléctricas del Comahue a Enarsa sigue firme, lo que generó un gran enojo en las provincias de Neuquén y Río Negro, ya que habían solicitado tener participación en el manejo de las centrales. Así lo expresó el Movimiento Popular Neuquino (MPN) a través de su Convención, donde exigió una “urgente convocatoria” a una mesa de diálogo con las provincias. 

El pronunciamiento de la Convención del MPN cuenta con la firma de los integrantes de la Mesa Directiva, encabezada por su presidente, Jorge Sapag, y la vicepresidenta, Ana Pechen, acompañados por Carlos Koopmann, Jorge Lara, Juvenal Urrutia, Gabriela Cagol y Cecilia Longhi. Allí destacan que la decisión de Nación "es un ataque a los derechos del pueblo neuquino por su altísima gravedad institucional que pone en riesgo el orden constitucional de la República". 

El rechazo que hizo público el MPN establece que las provincias deben tener una participación protagónica como "titulares del dominio originario por expresa disposición constitucional”. En ese sentido, afirmaron: “Representa un claro avasallamiento al federalismo, un avance ilegítimo sobre la autonomía y competencia de las provincias para el ejercicio del dominio de los recursos naturales propios, consagrados en la Constitución Nacional”.

Dichas consideraciones las sostienen sobre el artículo 124 de la Constitución Nacional que establece: “Corresponde a las provincias el dominio originario de los recursos naturales existentes en su territorio”. Según la Convención presidida por el exgobernador Jorge Sapag, esta parte de la normativa deja en claro que el agua es un bien provincial, al igual que sus múltiples aprovechamientos.

“El Gobierno nacional debe reconsiderar en forma urgente su invasión sobre los derechos de las provincias titulares del dominio de los ríos. Y deberá convocar sin demoras a los gobiernos provinciales a una mesa de diálogo”, sostiene el documento. Al mismo tiempo, expresan su acompañamiento y apoyo a cualquier acción que el Gobierno de Neuquén decida llevar adelante para establecer y regular el control sobre los recursos hídricos. 

“Las decisiones en materia de energía, deben ser cuestiones de política de estado que deben surgir del consenso entre Nación y las Provincias, en el marco de un federalismo de concertación. Cualquier otro camino es un atropello al federalismo y al Estado de Derecho”, señala el documento y vuelve a hacer hincapié en su rechazo a “cualquier intento que tienda a cercenar la propiedad que posee Neuquén para tomar decisiones sobre el destino de las represas que se encuentran sobre los ríos que son propiedad exclusiva de la provincia”.