LEGISLATURA
Ante la “violenta represión”: diputados neuquinos piden la intervención de la provincia de Jujuy
El bloque del Frente de Todos presentó un proyecto de comunicación.El bloque del Frente de Todos en la Legislatura de Neuquén, por iniciativa de la diputada, Soledad Salaburu, presentó un proyecto de comunicación en el que solicita al Congreso nacional que intervenga la provincia de Jujuy ante la “violenta represión” que se desencadenó en el contexto de la aprobación de la reforma constitucional, impulsada por el gobernador radical, Gerardo Morales.
“Frente a tamaña crisis política institucional, donde ya no hay garantías de derechos para los y las ciudadanas de Jujuy, y en donde las instituciones no son gobernadas respetando la forma republicana y la división de poderes, no queda otra salida que la intervención federal en la provincia de Jujuy para evitar un daño aún mayor en la Democracia que supimos conseguir”, planteó Salaburu en los fundamentos del proyecto.

La diputada recuerda que “el 22 de mayo del corriente año quedó constituida en la provincia de Jujuy una Convención Constituyente promovida por el gobernador, Gerardo Morales y presidida por él mismo para la reforma constitucional de varios artículos de su Carta Magna”, algo que atentaría contra el artículo 100 de la propia Constitución de Jujuy, que establece que “los Convencionales Constituyentes no podrán desempeñar ninguna función o empleo público nacional, provincial o municipal mientras ejerzan sus funciones”.
Según Salaburu, durante el proceso se negó la palabra a distintos organismos de Derechos Humanos que cuestionaban la reforma de los artículos 67 y 68, referidos al derecho a la educación y su organización, y a las comunidades indígenas, “a la par que ordenaba en las calles una de las represiones más feroces que la provincia ha vivido, haciendo uso de una modificación en el Código Contravencional de la Provincia de Jujuy”.

Y agregó: “Esto también atenta contra la forma republicana de gobierno, puesto que cualquier reforma constitucional, máxime cuando su contenido implica la eliminación de derechos, implica per se garantizar la más amplia participación de todos los sectores sociales y organismos de derechos humanos con el tiempo y el debate necesario, como forma de construir acuerdos democráticos”.
Los fundamentos del proyecto sostienen que “a la flagrante inobservancia de la Constitución Provincial, aún vigente desde 1986, y la paralela invalidez de todo lo actuado en el seno de la Convención Constituyente, debe agregarse la brutal represión desatada contra los diversos sectores que, en defensa de sus derechos fundamentales, se movilizaron pacíficamente contra una reforma que los vulnera: docentes, trabajadores de la salud y otros gremios, pueblos originarios y campesinos, así como organizaciones sociales”.

Finalmente, se insta al “cese inmediato de la represión social y la libertad de todas las personas detenidas en este contexto represivo”. El proyecto fue enviado este miércoles al presidente de la Legislatura, el vicegobernador, Marcos Koopmann, para su “oportuno tratamiento y aprobación”.