INVESTIGACIÓN
Estafa con planes sociales: Soiza escondía una computadora de Desarrollo Social en su restaurante
Así lo confirmó el fiscal jefe Pablo Vignaroli.
El exdirector de Planes Sociales de la Provincia, Ricardo Soiza, principal imputado por la megaestafa que se gestó desde el Ministerio de Desarrollo Social entre 2020 y 2022, tenía en el restaurante de su propiedad, allanado el pasado jueves, una computadora perteneciente a la cartera ministerial, donde se presume que hay información relacionada con la causa.
Así lo confirmó el fiscal jefe Pablo Vignaroli, quien explicó que durante la investigación recibieron información de que Soiza tenía una oficina dentro del local gastronómico "donde haría algún tipo de actividades paralelas relacionadas con su antigua función. De hecho, además del dinero en efectivo, encontraron en un entretecho dos CPU, uno de los cuales pertenecía al Ministerio".
El funcionario del Ministerio Público contó a La Red Neuquén que este lunes se solicitaría la prisión preventiva para Soiza y los otros dos principales sospechosos: Néstor Pablo Sanz, exdirector de Fiscalización, y Marcos Osuna, quien estaba el frente del Departamento de Gestión de Programas Sociales.
El motivo expuesto es el presunto entorpecimiento de la investigación a manos de los tres involucrados, quienes habrían amenazado a varios de los testigos que declararían en el juicio. "Del grupo de personas a las que también les formulamos cargos, cuatro saltaron el cerco que les habían puesto y vinieron a contarnos cómo era el manejo dentro de la Dirección de Planes Sociales, cómo era el mecanismo", reveló.
Y agregó: "Ahí vimos que claramente existía una organización destinada a que las personas que sepan algo del caso no hablen. Esto nosotros lo descubrimos a partir de entrevistas que iniciamos el 4 de junio, que terminamos el pasado martes y que desembocaron en los procedimientos del pasado jueves".
Vignaroli explicó que, luego de solicitar la prisión preventiva, se realizaría una audiencia de control de la acusación y después el juicio. "Calculamos entre seis y ocho meses, que es el tiempo de prisión preventiva que vamos a solicitar al juez que intervenga", adelantó.
Finalmente, aclaró que por tratarse de un caso complejo, así declarado por la jueza interviniente, el pasado 29 de noviembre se otorgó un plazo de investigación de un año y que todos los esfuerzos están puestos en presentar la acusación antes de esa fecha, pero que en caso de que se dificulte, podrían pedir una extensión.
