JUDICIALES

Nuevos cargos contra dirigentes barriales por amenazas y privación de la libertad a funcionarios

Los hechos por los que fueron acusados ocurrieron en los meses de junio y julio de 2022.
domingo, 30 de julio de 2023 · 23:30

El Ministerio Público Fiscal de Neuquén informó que se formularon nuevos cargos contra dirigentes barriales por haber amenazado y mantenido cautivos a representantes del gobierno provincial en una reunión realizada en el asentamiento El Trébol II.

La encargada de tomar la determinación fue la fiscal del caso, Valeria Panozzo, quien el pasado 8 de julio les atribuyó a los referentes, haber amenazado a una funcionaria del Instituto Provincial de la Vivienda y Urbanismo (IPVU) y de la Agencia de Desarrollo Urbano Sustentable (ADUS), cuando participaban de una reunión de trabajo para tratar problemáticas del sector.

Los funcionarios amenazados son del IPVU. Fuente: (Facebook).

Los hechos, según mencionaron desde la fiscalía, ocurrieron el 11 de junio de 2022, cerca de las 10:30, en el sector Trébol II, del barrio industrial de la ciudad de Neuquén. Panozzo encuadró los hechos en el delito de amenazas simples, estipulados en los artículos 149 bis y 45 del Código Penal.

Casi un mes después, un representante del IPVU y uno de la subsecretaría de Seguridad acudieron al barrio a partir de un corte que los vecinos realizaron en un tramo de la Ruta Provincial N°7. La representante del Ministerio Público Fiscal, señaló que uno de los dirigentes, comenzó a llamar a más personas al mostrarse en desacuerdo con las definiciones de los funcionarios.

La fiscal del caso, Valeria Panozzo. Fuente: (MPF).

“Amenazó al funcionario para que firmara documentación”, relató Panozzo, quien detalló que esa situación se extendió desde las 14:00 hasta las 21:00, cuando se le permitió salir del lugar en el que se desarrollaba la reunión.

En ese caso, la formulación de cargos se encuadró en los delitos de privación ilegal de la libertad, en concurso ideal con amenazas coactivas y en carácter de coautora. Tras escuchar a las partes, el juez de garantías fijó el plazo de la investigación en 4 meses mientras que la fiscal adelantó que, ese tiempo se utilizará para buscar una solución conjunta a todas las imputaciones. Se incluye también la imputación que pesa solo contra una de las dirigentes, al haber impedido la reparación de un transformador de la cooperativa eléctrica.