Aseguran que la polémica resolución del protocolo para las infancias vulnera derechos

El Foro en Defensa de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes aseguró que a través de una resolución se ha “restringido y negado” el derecho a ser oído, a la protección efectiva, al acompañamiento jurídico fuera del horario de trabajo de las Defensorías de los Derechos del Niño y Adolescente de la Circunscripción I de Neuquén. Las organizaciones que integran el foro consideraron que el problema reside en una normativa interna de la Defensoría General que fue aprobada por la defensora general, Vanina Merlo. 

Se trata de la resolución número 19/2023 que establece el protocolo de atención del teléfono de guardia de las Defensorías. El foro consideró que existe una vulneración de derechos de las infancias y adolescencias porque se estableció una situación desigual entre quienes piden ayuda dentro del horario laboral y quienes deben contactarse durante el período de guardias. 

Desde que fue legitimada la Resolución 19, las guardias para casos de emergencia, después de las 14 horas, deben ser atendidas por el Ministerio de Desarrollo Social, que depende del Poder Ejecutivo. Antes de que entrara en vigencia el protocolo, la tarea estaba a cargo de las defensorías públicas, órgano que depende del Poder Judicial. 

“Entendemos que esta limitación de la Resolución 19, al establecer cuándo se puede activar la guardia es un retroceso, es una medida regresiva que vulnera otro principio convencional, el de la progresividad en el respeto de los derechos de niñas, niños y adolescentes”, expresó el comunicado de prensa el Foro. 

En el documento sostuvieron que la polémica Resolución 19, “en su afán de ordenar la tarea de las Defensorías y el Sistema de Protección de Derechos, ha pensado más en una misión burocrática que en garantizar el interés superior de niños, niñas y adolescentes que representan quienes ejercen la función de defender esos derechos”, expresaron.

La organización social, que defendió la Ley 2302 y organiza cada año la marcha por los derechos de la niñez y la adolescencia, aseguró que desde el Ministerio Público de la Defensa se ha mostrado como un organismo “cerrado al intercambio de fundamentos y la construcción colectiva”. En el comunicado enumeraron la cantidad de instancias de encuentro para modificar la normativa.