Aplicaron una probation a un exempleado de la Legislatura por dos robos

Un exempleado de la Legislatura de Neuquén accedió a una suspensión de juicio a prueba por dos robos, luego de admitir los hechos, pedir disculpas a las víctimas y reparar los daños causados. En un caso, deberá devolver una suma de 1.400.000 pesos en cuotas mensuales y por el otro hecho trabajará gratis para una institución de bien público.

Así se acordó este miércoles 16 durante una audiencia a partir de la investigación de la fiscal del caso Mariana Córdoba y de la asistente letrada Lorena Juárez. El acusado, identificado por sus iniciales como D.D.G, reconoció su participación y se comprometió a cumplir las reglas de conducta ordenadas, mientras que las víctimas prestaron su conformidad para resolver el conflicto.

El primer episodio atribuido a D.D.G sucedió el 27 de mayo de este año, a las cuatro y media de la tarde, cuando el imputado ingresó al edificio de la Casa de las Leyes –ex Legislatura-, ubicado en calle Olascoaga, y tomó sin inconvenientes las llaves de una camioneta propiedad de la institución, donde lo conocían porque había trabajado allí. Al salir del lugar, entregó las llaves a otra persona, que hasta el momento no fue individualizada y que se marchó a bordo del vehículo. La fiscalía calificó lo ocurrido como hurto agravado por tratarse de un vehículo dejado en la vía pública, en carácter de partícipe necesario.

El segundo hecho ocurrió el 28 de agosto, a las once y media de la mañana, en calle Illia 958, cuando una persona se bajó de una camioneta para dirigirse a un comercio. En ese momento, dos varones que se movilizaban en un auto conducido por D.D.G, se bajaron y tomaron dos bolsas con dinero que había dentro de la camioneta. En total, se llevaron 6.500.000 pesos. Este hecho fue calificado como robo agravado por haber sido cometido en poblado y en banda, en carácter de coautor.

Se trata de delitos que tienen un mínimo de 3 años de prisión y el imputado no tenía antecedentes penales ni investigaciones en trámite, explicó Juárez respecto de las condiciones para suspender el proceso a prueba, y aclaró que por esos motivos, una eventual condena podría no haber sido de prisión efectiva.

También informó al juez de garantías, Juan Guaita, que las víctimas estuvieron de acuerdo cuando el imputado ofreció reparar el daño: el particular que sufrió el robo recibirá pagos mensuales hasta totalizar $1.400.000; mientras que para resarcir a la Legislatura, que estuvo representada en la audiencia con un representante legal, el acusado cumplirá 96 horas de trabajos comunitarios en una institución de bien público. Además, D.D.G deberá fijar domicilio y no mudarse sin previamente dar aviso, no podrá cometer delitos ni consumir bebidas ni estupefacientes en la vía pública, además de que estará sometido al control de la Dirección de Población Judicializada.

Tras escuchar a las partes, el magistrado dispuso la suspensión del proceso a prueba durante un año y medio. Si incumple alguna de las condiciones, el proceso se retomará y D.D.G será juzgado en juicio.