Comunidad mapuche acudió a la Corte Nacional para frenar un desalojo que ordenó la Justicia de Neuquén

La comunidad mapuche Quintriqueo presentó, a través de su apoderado legal, un recurso extraordinario federal ante el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Neuquén para que la Corte Suprema de Justicia de la Nación revise una resolución del Máximo Tribunal provincial, que desestimó los reclamos mapuches contra una sentencia “que ordena ejecutar el desalojo de un lote perteneciente a María Cristina Broers”, revelaron en un informe.

El abogado Virgilio Sánchez explicó al medio La Angostura Digital que en el recurso extraordinario federal pidió que se suspenda el desalojo y se eleve el expediente a la Corte Suprema Nacional. El litigio al que hace referencia el pedido de la comunidad mapuche se originó a finales de 2011, tras la denuncia de la familia Broers por la toma de un lote de su propiedad de varias hectáreas y con acceso a la costa del lago Nahuel Huapi, ubicado a 35 kilómetros de Villa la Angostura.

Una resolución de 2016 del entonces juez civil de primera instancia de Junín de los Andes, Andrés Luchino, condenó a Pascual Filidoro Quintriqueo, la comunidad mapuche de su órbita y todos los ocupantes del lote “a desalojar el lugar y restituir el inmueble a la familia Broers. Aquella sentencia quedó firme, ya que la apelación de la comunidad se realizó fuera de los plazos que determina el proceso; sin embargo, recién en 2022, el juez de Villa la Angostura, Francisco Astoul Bonorino, ordenó la ejecución de la sentencia de desalojo de 2016.

El apoderado legal, Virgilio Sánchez, presentó varios recursos para frenar la sentencia hasta que el 27 de julio de 2023, los magistrados que componen la Sala 2 de la Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Laboral, Minería y de Familia “rechazaron los recursos de apelación contra la resolución de Bonorino”. Sin embargo, la comunidad continuó el camino judicial y recurrió al TSJ, que en febrero de este año terminó declarando “inadmisibles los recursos, por inaplicabilidad de ley y de nulidad extraordinario”.

Sánchez decidió dar un paso más en la negativa a acatar el fallo judicial, por lo que realizó la presentación del recurso extraordinario federal “por violación de derechos y garantías de raigambre constitucional”, adujo. Además, consideró que en la resolución del TSJ, “se vulneró el debido proceso objetivo y el de defensa en juicio”. Fundamentó que el fallo sobre el que realiza la impugnación “omite hechos esenciales o les da una lectura incorrecta”, por lo que entiende que “presenta defectos en la consideración de los extremos normativos que califican el proceso”.