IMPUTACIÓN
Calf y las Cooperativas de Plottier y San Martín de los Andes entre las empresas imputadas por incluir tasas municipales en las facturas de servicios públicos
Estas acciones respondieron a reiteradas denuncias de consumidores que detectaron cargos adicionales en sus facturas, como alumbrado público o servicios de vigilancia, que no están vinculados a los servicios contratados.
La Secretaría de Industria y Comercio, dependiente del Ministerio de Economía de la Nación, imputó a 95 empresas en distintas provincias por incluir tasas municipales en las facturas de servicios públicos, lo cual constituye una violación de la normativa vigente. Estos cargos no corresponden al contrato acordado entre los proveedores de servicios y los consumidores, según informaron fuentes oficiales.
Esta medida se enmarca en el cumplimiento de la resolución 267/2024, que entró en vigencia el pasado 11 de octubre y establece la prohibición de incluir conceptos ajenos al servicio contratado en las boletas de consumo. La disposición busca proteger a los usuarios de cobros indebidos, garantizando que solo se facturen los servicios efectivamente prestados, como energía, agua o telecomunicaciones.
Entre las empresas señaladas en la provincia de Neuquén, se encuentran la Cooperativa CALF, la Cooperativa de San Martín de los Andes y la Cooperativa de Plottier. Todas ellas deberán presentar un descargo en un plazo de cinco días hábiles, conforme a lo establecido por la normativa. De no hacerlo, podrían enfrentarse a sanciones previstas en la Ley de Defensa del Consumidor, con multas que pueden alcanzar hasta los $2.130 millones para los casos más graves.
El subsecretario de Defensa del Consumidor, Fernando Blanco Muiño, destacó que estas prácticas violan el artículo 42 de la Constitución Nacional y alentó a los usuarios a que realicen denuncias a través del correo oficial, que ya recibió más de 2.700 reclamos. Mientras tanto, el vocero del Gobierno, Manuel Adorni, instó a los municipios a buscar alternativas para la recaudación de tasas, sugiriendo que no utilicen las facturas de servicios básicos como medio de cobro.
En total, se abrieron 244 expedientes en diversas localidades de provincias como Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe, Neuquén y Misiones, entre otras. Estas acciones respondieron a reiteradas denuncias de consumidores que detectaron cargos adicionales en sus facturas, como alumbrado público o servicios de vigilancia, que no están vinculados a los servicios contratados.
