Denuncian complicidad de la municipalidad de Villa la Angostura en una conexión clandestina en el Belvedere

María Luz Ricardes, una vecina de Villa la Angostura e integrante de la organización “Defensores de la Tierra Comunidad Angostura”, difundió en las últimas horas una nota con fuertes acusaciones contra el gobierno de la municipalidad de esa localidad, que también incluyó a “altos funcionarios provinciales”, por la “pasividad” ante las supuestas conexiones eléctricas clandestinas en las tierras en conflicto con la comunidad mapuche en el cerro Belvedere.

Al comienzo de la nota, Ricardes hace referencia al artículo 181 del Código Penal, que establece “pena de prisión de seis meses a tres años para quien despojare a otro de la posesión o tenencia de un inmueble”, en relación a la presunta usurpación por parte de comunidades mapuches de las tierras ubicadas al pie del cerro Belvedere, en Villa la Angostura.

La nota sugiere una “inclinación del estado a permitir dicha criminalidad, con un sistema político que avala la delincuencia indígena” y señala “complicidad delictiva de un Estado que legitimiza el delito, disfrazado de reconocimiento histórico de una pseudo comunidad que nunca existió en la localidad”. El texto también carga contra una parte de la justicia provincial, calificándola de “inútil y debilitada frente a un poderoso órgano ejecutivo que no respeta la división de poderes del sistema democrático”, en el que jueces y fiscales “parecen marchar al compás de directivas del ejecutivo provincial”.

El escrito pone la lupa de la crítica en los funcionarios de la “incipiente y paupérrima política municipal” de Villa la Angostura, que “fomentan esas conductas delictivas”. Señala que, ante las denuncias por las conexiones eléctricas clandestinas, “el mismísimo intendente Javier Murer, junto a funcionarios del EPEN”, recorrieron la zona usurpada, “para dar servicio de forma cuasi legal a los usurpadores”, con la “aparente anuencia de altos funcionarios provinciales”.

La carta pública acusa al intendente angosturense de ser cómplice por “mantener reuniones periódicas con los usurpadores, tolerando y fomentando el delito y la extorsión constante”, lo cual genera una “creciente desigualdad social” frente al acceso a los servicios básicos “entre los que pagan y los que simplemente se sirven sin erogación alguna”. Al cierre de la nota, la autora remarca que “en Neuquén no se persigue el delito de usurpación”, y que el estado y la justicia “parecen trabajar para estas verdaderas organizaciones criminales”.