Ley bases. Buenas, malas y políticas en la provincia de Neuquén

El último jueves la cámara de diputados aprobó finalmente la aletargada ley bases.  Lo hizo tras un maratónica y reiterativa fila de piezas oratorias.  Tras un semestre de gobierno el presidente libertario obtiene su primera ley, un dato no menor, ningún otro gobierno había encontrado tantos escollos para sancionar sus reformas legislativas iniciales.  ¿Cómo repercute en Neuquén?.

Más allá de los efectos generales, la provincia de Neuquén anota por lo menos dos puntos positivos y uno negativo. El Régimen de Incentivos para las Grandes Inversiones (RIGI) supone un aumento de las inversiones en la gigante Vaca Muerta.  Aquellas inversiones de entre 200 y 900 millones de dólares obtendrán beneficios impositivos en IVA y ganancias, el beneficio tiene una duración de dos años e incluye la obligación contratar un 20 por ciento de proveedores locales en cada proyecto. Los legisladores neuquinos que votaron a favor aseguran que significa el despegue definitivo de la producción hidrocarburífera en la norpatagonia. Desde las bancadas kirchneristas en cambio, entienden el régimen como una concesión innecesaria a empresas que de todas formas hubieran invertido alentados por el potencial de la cuenca. De ingresar nuevos proyectos, el motivo de las inversiones será simplemente indemostrable, mientras un escenario adverso podría disolver ambas argumentaciones.

El beneficio no escrito que la ley bases aporta a la provincia se relaciona con los logros obtenidos durante las negociaciones con la casa rosada.  Impensada tiempo atrás, la reactivación de obras solventadas desde el gobierno nacional es un dato duro positivo. “Catorce obras, hoy paralizadas, serán ejecutadas con recursos del Estado nacional” afirmaron desde el ministerio de infraestructura provincial tras el encuentro del gobernador neuquino con el jefe de gabinete Guillermo Francos. A ellas se suman otras tantas que el gobierno nacional delegará en la provincia, incluyendo la administración de rutas nacionales que pasan por territorio neuquino.  Si bien ambos gobiernos niegan la existencia de un toma y daca por la ley bases, lo cierto es que el estricto fanatismo libertario por recortar la obra pública, encontró durante la construcción de consensos legislativos una flexibilidad aprovechable para los gobernadores. “Figueroa no tiene legisladores propios” esbozan con notable picardía desde las filas neuquinizantes. En rigor, el partido Comunidad no los tiene, en la práctica, el poder suele depender bastante poco de los límites formales del sistema de partidos.

Por último, malas noticias. La restitución del impuesto a las ganancias para la cuarta categoría impacta de manera directa y profunda en la provincia.  Los niveles de ingresos en la patagonia son superiores a la media nacional, también el costo de vida.  Los mínimos no imponibles que pueden resultar aceptables en otras zonas del país afectan, en términos proporcionales, mucho más a las provincias del sur. Cerca de cuarenta y cinco mil trabajadores neuquinos volverán a pagar el tributo eliminado un año atrás. Los intentos de obtener un régimen especial para la zona quedaron en el tintero durante el debate legislativo. Un costo político que el gobierno nacional y los legisladores eligieron pagar en nombre del ajuste fiscal de las arcas públicas y el recupero de la coparticipación cedido por las provincias durante la última campaña electoral.

La política…

Más allá de lo concreto, el recorrido de la ley bases hasta su aprobación despejó algunas incógnitas.  ¿Cómo se configura el escenario político nacional hacia 2025? ¿Qué rol jugará el gobierno neuquinizante frente al gobierno de Javier Milei?. La puja por las bancas del congreso que se abre el próximo año regula el posicionamiento de todos los actores.  La gesta libertaria intentará construir mayorías legislativas que le ahorren los dolores de cabeza experimentados con la ley bases y el paquete fiscal.  De allí los esfuerzos permanentes por edificar una estructura política nacional más allá del liderazgo del presidente.  “Necesitamos formalizar el partido, pero también posicionar dirigentes libertarios a lo largo y ancho del país” resumió un operador regional de las filas libertarias. La irrupción libertaria en la escena política se asienta en las condiciones de su líder. De cara al 2025, sin Milei en la boleta, se pone en juego la capacidad del armado colectivo para trasladar la imagen presidencial a sus representantes provinciales.

La centroizquierda, confusa, plagada de internismos y carente de nuevos liderazgos ensaya una estrategia defensiva.  Se trata de un progresismo en sentido amplio que incluye partidos políticos, sindicatos tradicionales, movimientos sociales y gobernadores. La capacidad de resurrección de una alternativa progresista en argentina se encuentra acorralada más en su propia incapacidad autocrítica que en el torpe, aunque real, ascenso de la ultra-derecha.

Un golpe de vista sugiere un escenario polarizado entre el oficialismo nacional y lo que el progresismo alcance a improvisar desde su propia crisis política. En esa trama, los partidos provinciales, buscarán colar en la escena discursiva una tensión diferente: el unitarismo libertario frente a las autonomías provinciales.  La circunstancia interpela en forma directa a las filas neuquinizantes.  No hay casualidades.  Rolando Figueroa se encarga una y otra vez de ponderar la “la defensa de Neuquén” como elemento unificador de la diversidad partidaria.  Es la consigna que dio sentido al acuerdo alcanzado con el intendente capitalino Mariano Gaido y con el sector azul del Movimiento Popular Neuquino.  El mismo mensaje motivó esta semana dos encuentros del mandatario neuquino con la Unión Cívica Radical y dirigentes del Pro. El dominio por el congreso es el nuevo elemento clave de la política argentina y sin ser nombrada la campaña electoral comienza a ocupar un lugar entre las ocupaciones de toda la dirigencia.

La aprobación de la ley bases inaugura un nuevo capítulo. La casa rosada comienza a gestionar sin excusas su propio modelo y la importancia de la representación legislativa es la expresión del viejo objetivo en la batalla de fondo: la disputa por los recursos, la batalla por el poder real.