FRAUDE AL ESTADO
Negaron la domiciliaria a uno de los jefes de la estafa con planes sociales
A través de su abogado, había solicitado la prisión domiciliaria porque la semana próxima cumplirá 70 años.
Una jueza de Garantías rechazó el pedido de prisión domiciliaria solicitado por el abogado de uno de los principales imputados en la megaestafa con dinero de planes sociales, quien la semana próxima cumplirá 70 años de edad. La magistrada justificó el rechazo con el mismo argumento de la fiscalía: “Por el rol que tuvo en la estafa, el riesgo de entorpecimiento (de la investigación) sigue vigente”.
La jueza Estefanía Sauli resolvió, de esa manera, que el exresponsable de la gestión de planes sociales durante el gobierno de Omar Gutiérrez, Ricardo Soiza, continúe con el régimen de prisión preventiva en un establecimiento carcelario.
Según el artículo 115 inciso tercero del Código Procesal Penal, toda persona privada de su libertad podrá solicitar que se le conceda la prisión domiciliaria al llegar a los 70 años de edad. Pero, según la jueza, su aplicación no es automática y requiere del análisis de cada caso en particular.
Soiza era director general del Ministerio de Desarrollo Social de la provincia cuando estalló el escándalo del desfalco por unos 700 millones de pesos a valores actuales.
La fiscalía pudo constatar –aunque deberá corroborarlo en el juicio- que con dinero del Estado, Soiza mantenía parte de la estructura de su céntrico restaurant árabe, que fue allanado.
Ante el pedido de la defensa de Soiza, tanto el fiscal de Delitos Económicos, Juan Narváez, como el fiscal jefe, Pablo Vignaroli, consideraron necesario mantener la prisión preventiva al imputado de cara al juicio.
Por esa razón, pidieron a la magistrada analizar el caso concreto: la maniobra investigada, el rol crucial de Soiza en la misma y que “el riesgo de entorpecimiento continúa vigente y debe ser cautelado”.
La jueza Sauli coincidió con el argumento de la fiscalía y rechazó el pedido de la defensa. “Las normas están para ser analizadas e interpretadas. Y digo esto porque entiendo que el artículo 115 no aplica de manera automática en el caso en que se me solicita”, estimó.
Otras cautelares
En el marco de las medidas cautelares impuestas a instancias de la fiscalía para evitar que las personas imputadas entorpezcan la investigación, también continúa en prisión preventiva Marcos Daniel Osuna, quien al momento de los hechos era el responsable de Gestión de Programas del Ministerio de Desarrollo Social.
En el grupo de exfuncionarios imputados incluye además al ex director de Fiscalización del Ministerio de Desarrollo Social, Néstor Pablo Sanz, quien cumple prisión domiciliaria.
Respecto de los acusados Abel Di Luca –exministro de Desarrollo Social– y Tomás Siengenthaler –excoordinador de Administración de Desarrollo Social– y el resto de los imputados, las medidas cautelares que rigen tienen que ver con embargos y restricciones económicas.
El 25 de julio pasado, la investigación se prorrogó por dos meses y, según se anticipó durante la audiencia, el paso siguiente será la presentación del requerimiento de apertura a juicio.
La teoría del caso la fiscalía alcanza a un grupo de 26 personas, entre ex funcionarios, empleados y empleadas del Poder Ejecutivo, a quienes les imputa haber integrado una asociación ilícita dedicada a cometer estafas con la administración y el cobro de planes sociales con cheques y tarjetas de débito.
Todas las personas están acusadas, como jefes o partícipes, por el delito de asociación ilícita en concurso real con fraude a la administración pública y defraudación especial por el uso no autorizado de tarjeta de débito, con un total de 9.303 hechos en concurso real.
