El gobierno de Neuquén expulsó a dos empleados condenados por la justicia

El gobierno de la provincia desvinculó de la planta permanente de personal a dos trabajadores del Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral, “que fueron encontrados culpables de diferentes delitos y condenados por la justicia”. De acuerdo a la información oficial, la baja ocurrió el último lunes, con la notificación de los decretos 1096 y 1097 de cesantía, firmados por el gobernador Rolando Figueroa. Se trata de los exempleados Julio César Blanco y Juan Carlos Santana.

Uno de los condenados, Juan  Carlos Santana, prestaba servicio como chofer en el ministerio de Desarrollo Social y, luego de una investigación, la justicia lo encontró “coautor material y penalmente responsable del delito de robo calificado por el uso de arma de fuego” y fue sentenciado a la pena de cuatro años de prisión de cumplimiento efectivo. La sentencia fue confirmada por el tribunal de Impugnación en el año 2018 que determinó el cumplimiento de la pena en la Unidad Penitenciaria 11.

Blanco se sometió a juicio, acusado del delito de confabulación para la comercialización de estupefacientes, tipificado en el artículo 29 bis de la ley 23.737, que prevé una pena de tres años de prisión de ejecución condicional. La Asesoría General de Gobierno entendió que para el caso de ambos condenados, “no resultaba necesaria la procedencia del sumario administrativo para la baja del agente”, por lo cual recomendó utilizar el procedimiento de baja automática, lo cual aceleró el despido.

Funcionarios del gabinete de Rolando Figueroa recordaron que el gobierno logró avances “en la implementación de la desfederalización del narcomenudeo en adhesión a la ley 26.052”, a través del Consejo Estratégico de Implementación (CEI) junto con el Ministerio Público Fiscal (MPF), lo cual le permitirá a la justicia provincial investigar este tipo de delitos. Además, “brindará la posibilidad de actuar de manera rápida y eficiente”, expresaron.

Como parte de la argumentación, los decretos señalan que los delitos acreditados “resultan incompatibles con la actividad estatal en general y las buenas condiciones morales y de conducta”. Además, recordaron las condiciones establecidas para el ingreso a la administración pública provincial. Los funcionarios remarcaron, como parte de las políticas del gobierno, “separar de sus cargos y funciones a agentes que no cumplen con sus tareas o directamente estén involucrados en delitos”.