Dictaron el sobreseimiento de los seis imputados que serán valiosos testigos del juicio

En una audiencia realizada este lunes en la Ciudad Judicial, comenzó a definirse la causa por la megaestafa al Estado de Neuquén con dinero de planes sociales. La jueza Carina Álvarez dictó seis sobreseimientos de imputados que cumplieron roles menores en la estafa y pasarán a ser testigos en el juicio. La fiscalía y la defensa de otros ocho acusados presentaron un acuerdo de responsabilidad y condenas de hasta 3 años de prisión en suspenso.

La magistrada anticipó que el miércoles resolverá si homologa el acuerdo de condenas para Adrián Alfredo Meza Lizama, Rodolfo Andrés López, Valeria Noemí Honorio, Pamela Alejandra Cea, Roxana Gesel Tarifeño, Pamela Alejandra Rivera, Gustavo Roberto Mercado y Carolina Hernández, quienes en la asociación ilícita tenían como tarea extraer dinero de los cajeros automáticos o cobrar cheques, para luego entregar el dinero a los imputados Néstor Pablo Sanz o Marcos Ariel Osuna, quienes lo rendían a Ricardo Soiza.

Álvarez dictó los sobreseimientos de Marcela Soledad Albornoz, Cristian Javier Vergara, María Inés Elizabeth Huaiquipán, Analía Griselda Scherer, Paola Gabriela Zeballos y Lucía Mariel Soto. La fiscalía, con acuerdo de la querella, había solicitado el sobreseimiento de estos imputados en una audiencia realizada el pasado viernes, porque la calidad de información que aportaron permitió avanzar con la investigación, por lo que, para la fiscalía, su participación como testigos será más valiosa que como imputados para llegar a los jefes de la organización ilícita.

La jueza realizó el control de legalidad de esta solicitud evaluando, en primer lugar, la participación de estos imputados en la causa, además del rol inferior que ocupaban en la organización y, por otra parte, la pena pretendida por la fiscalía que no superaría los seis años, ya que este es uno de los requisitos del Código Procesal Penal para aplicar este criterio de oportunidad. Luego de esto, declaró la extinción de la acción penal y dictó el sobreseimiento para los seis imputados.

El abogado defensor de Ricardo Soiza, considerado uno de los jefes de la asociación ilícita, solicitó a la jueza la detención domiciliaria de su defendido, quien se encuentra cumpliendo prisión preventiva. La solicitud será resuelta este martes por la jueza Álvarez.

El caso

La teoría de la fiscalía alcanza a un grupo de exfuncionarios, empleados y empleadas del Poder Ejecutivo, a quienes se les imputa haber integrado una asociación ilícita dedicada a cometer estafas con la administración y el cobro de planes sociales con cheques y tarjetas de débito.

Discrimina distintos niveles de responsabilidad, poniendo como jefes a Ricardo Soiza, quien ocupaba la dirección general de Gestión de Planes Sociales del Ministerio de Desarrollo Social y Trabajo; a Néstor Pablo Sanz, director de Fiscalización del Ministerio de Desarrollo Social; y Marcos Ariel Osuna, responsable de Gestión de Programas del mismo organismo. A los jefes iniciales, la fiscalía sumó luego en el rol de “jefes” de la organización a otros dos funcionarios de alto rango: el ex ministro de Desarrollo Social Abel Di Luca y el ex coordinador de Administración de esa cartera, Tomás Siengentharler.

La investigación se centró en el período que va desde el 30 de septiembre de 2020 al 31 de julio de 2022 y se delimitaron roles y niveles de responsabilidad, con los jefes en el primer nivel. En los niveles 2, 3, 4 y 5, se ubicó a colaboradores directos de los jefes, reclutadores de potenciales beneficiarios del plan, cobradores (mediante tarjetas y cheques) y a quienes obtuvieron beneficios.

Mensualmente se armaban listados de beneficiarios de un plan contra el desempleo creado en 2018 por montos individuales de 49.500 pesos, que luego no eran cobrados por esos beneficiarios, sino que, mediante la estructura de la asociación ilícita, llegaban al primer nivel de la pirámide.Según se indicó en la audiencia, el monto histórico de las estafas por ese período de tiempo alcanzó los 153.777.900 pesos, lo que a valores actuales representaría una estafa por un total de 935.185.943 pesos.