ESTAFA CON PLANES SOCIALES
Homologaron 5 acuerdos con penas menores y los 3 restantes irán a juicio con los jefes
Fue sorpresiva la determinación de la jueza Carina Álvarez. En su resolución enfatizó que los jueces "no son meros escribanos de lo que acuerden las partes". También rechazó un pedido de sobreseimiento.
La jueza Carina Álvarez homologó cinco de los ocho acuerdos de responsabilidad y pena que impulsó la fiscalía de Delitos Económicos para algunos de los imputados en la estafa con planes sociales del ministerio de Desarrollo Social de Neuquén. Los tres acuerdos restantes fueron rechazados y serán enjuiciados. La magistrada tampoco avaló el pedido de sobreseimiento de otro acusado.
Las cinco condenas son por 3 años de prisión condicional, reglas de conducta y trabajos comunitarios no remunerados, y comprenden a exempleados del ministerio de Desarrollo Social y particulares que cumplieron niveles de baja responsabilidad en la maniobra.
Las personas condenadas son Gustavo Roberto Mercado, Carolina Beatriz Hernández, Pamela Alejandra Rivera, Gesel Roxana Tarifeño y Pamela Alejandra Cea. Todas aceptaron haber integrado la asociación ilícita con tareas de menor relevancia, como extraer dinero de los cajeros automáticos o cobrar cheques para luego entregar la recaudación a los imputados Néstor Pablo Sanz o Marcos Ariel Osuna, quienes lo rendían a Ricardo Soiza.
Solo uno de estos imputados desplegó otro tipo de conducta al haber cobrado el alquiler de autos por fuera de lo que indica la ley de administración financiera y mediante cheques que se nutrían del dinero destinado al subsidio por desempleo.
Los cinco condenados aceptaron tres años de prisión condicional, más las siguientes reglas de conducta: mantener domicilio o informar alguna modificación del mismo, presentarse cuatrimestralmente ante la Dirección de Atención a la Población Judicializada, abstenerse de consumir estupefacientes o abusar de bebidas alcohólicas y cumplir 360 horas (en tres casos) y 288 horas (en dos casos) de trabajo voluntario.
En los casos de Valeria Honorio, Rodolfo López y Adrián Meza Lizama, la jueza rechazó los acuerdos presentados por considerar que su participación en la asociación ilícita y la cantidad de hechos y montos por los que se declararon responsables requieren un mayor reproche, por lo que la pena a imponerse debería alejarse del mínimo, cosa que no ocurría en el acuerdo presentado entre las partes.
Respecto al pedido de sobreseimiento por inimputabilidad presentado por la defensa de Ariel Krom, la jueza lo declaró inadmisible. Por lo que tanto él como los tres imputados, cuyos acuerdos fueron rechazados, continuarán con el proceso penal del mismo modo que el resto de los imputados.
En su resolución aclaró que los jueces no son meros escribanos de lo que acuerdan las partes, sino que deben hacer un control de legalidad. En este caso, corresponde rechazar el acuerdo presentado, ya que de no ser así no se estaría respetando la razonabilidad y la proporcionalidad de la pena con respecto a los hechos, lo cual va en detrimento del carácter de prevención general que tiene una sanción penal y genera desconfianza en la justicia y una sensación de impunidad ante delitos de corrupción en perjuicio del Estado.
Se debe considerar como agravante el hecho de que los damnificados por esta maniobra también fueron personas en estado de extrema vulnerabilidad en momentos también complejos, como fue el período del año 2020, durante la pandemia.
La investigación
La investigación de la fiscalía de Delitos Económicos alcanza a exfuncionarios, empleados y empleadas del Poder Ejecutivo, a quienes se les imputa haber integrado una asociación ilícita dedicada a cometer estafas con la administración y el cobro de planes sociales con cheques y tarjetas de débito.
La causa tiene distintos niveles de responsabilidad, donde se pone como jefes a Ricardo Soiza, quien ocupaba la dirección general de Gestión de Planes Sociales del Ministerio de Desarrollo Social y Trabajo; a Néstor Pablo Sanz, director de Fiscalización del Ministerio de Desarrollo Social; y Marcos Ariel Osuna, responsable de Gestión de Programas del mismo organismo. A los jefes iniciales, la fiscalía sumó luego en el rol de “jefes” de la organización a otros dos funcionarios de alto rango: el exministro de Desarrollo Social, Abel Di Luca, y el excoordinador de Administración de esa cartera, Tomás Siengentharler.
La investigación se centró en el período que va desde el 30 de septiembre de 2020 al 31 de julio de 2022 y se delimitaron roles y niveles de responsabilidad con los jefes en el primer nivel. En los niveles 2, 3, 4 y 5, se ubicó a colaboradores directos de los jefes, reclutadores de potenciales beneficiarios del plan, cobradores (mediante tarjetas y cheques) y a quienes obtuvieron beneficios.
A valores actuales, la estafa al Estado provincial asciende a más de 950.000.000 de pesos.
