Los gobernadores de Neuquén y Río Negro reafirmaron el derecho de las provincias sobre las hidroeléctricas

Los gobernadores, de Neuquén, Rolando Figueroa y de Río Negro, Alberto Weretilneck, enviaron una nota para exigirle al Poder Ejecutivo Nacional (PEN), “acordar la elaboración de los pliegos para el funcionamiento de las centrales hidroeléctricas sobre los ríos Limay y Neuquén”. En la misiva, los mandatarios le recordaron al secretario de Energía, Eduardo Chirillo, “el dominio de las jurisdicciones provinciales de los recursos hídricos”.

Los mandatarios patagónicos, reiteraron el pedido a la administración nacional, de celebrar un acta acuerdo tripartita, entre la Nación, Neuquén y Río Negro, “con el objetivo de avanzar en la elaboración de los pliegos de bases y condiciones”, para el concurso y eventuales nuevos contratos de concesión de las centrales hidroeléctricas Chocón – Arroyito; Cerros Colorados; Piedra del Águila y Alicurá.

Con esta nueva comunicación, los gobernadores insistieron en la necesidad de que los estados provinciales, participen en el inminente “proceso de concesión, prórroga y/o autorización relativa a la explotación de las centrales hidroeléctricas” y ratificaron la exigencia de los estados provinciales, para que las nuevas licencias “se adecúen a las normativas de Neuquén y Río Negro sobre el manejo y uso de las aguas y protección del medio ambiente”. Remitieron al artículo 124 de la Constitución Nacional, que señala: “corresponde a las provincias el dominio originario de los recursos naturales existentes en su territorio”.

El texto de la nota, solicita una respuesta del Ejecutivo Nacional “en el término de 10 días corridos”, en virtud de que está en curso el término de 180 días, que se fijó en el artículo 6° de decreto, para el llamado a concurso". El escrito de los mandatarios, advierte que las provincias, “se reservan el derecho de iniciar acciones judiciales y un planteo de inconstitucionalidad”, respaldadas en los artículos 121, 124 de la Constitución Nacional y concordantes de las respectivas constituciones provinciales.

El resguardo de los derechos provinciales, mencionados en la carta, se extiende también a cualquier reglamento o acto administrativo del Estado Nacional, incluyendo la secretaría de Energía, Enarsa o cualquier otra sociedad, “que tenga por finalidad definir el destino de los recursos hídricos en la cuenca de los ríos Neuquén y Limay”, sin la participación ni consentimiento previo expreso de las provincias que gobiernan.