Sobreseyeron a la referente de un merendero, a la que acusaron del secuestro de un funcionario

Una mujer señalada como la referente de un merendero ubicado en el sector Ruca Antú del barrio Ciudad Industrial fue sobreseída en el juicio a la que se la sometió, acusada del secuestro de un funcionario durante siete horas para obligarlo a firmar documentos relacionados con la tenencia de un terreno. “Se dio en un contexto y un clima de cierta tensión, de reclamos, pero de ninguna manera constituyen una conducta típica de privación y obstaculización”, afirmó el juez en su fallo”.

El juez, Gustavo Ravizzoli, resolvió el sobreseimiento de Yanet Carillo, a quien la fiscalía le había endilgado delitos tales como privación ilegítima de la libertad (secuestro) de un funcionario público y entorpecimiento de un servicio público, en el contexto de un conflicto social.

El episodio por el que Carrillo fue llevada a juicio la semana pasada, ocurrió el 8 de julio de 2022, aproximadamente desde las dos de la tarde y hasta las nueve de la noche, en el sector Ruca Antú del barrio Ciudad Industrial de Neuquén.

De acuerdo con la acusación, Carrillo privó ilegítimamente de su libertad en el interior del merendero que administraba, a un funcionario, al impedirle que se retire del lugar por siete horas con la finalidad de obligarlo a firmar documentos que reconozcan las tenencias de los terrenos de dicho sector.

El funcionario del IPVU concurrió al lugar junto a un representante de la Subsecretaria de Seguridad, para dialogar con los vecinos y vecinas de una toma, que se encontraban obstaculizando la circulación de vehículos en la ruta 7 a la altura de Fasinpat, en reclamo de la regularización de terrenos tomados en el Sector Ruca Antú.

Sostuvo la fiscal Paula González que Carrillo “actuaba en representación de los vecinos y vecinas interesados en regularizar la titularización de dichos lotes. Las partes empezaron a dialogar alrededor de las dos de la tarde y en un momento, al no obtener las respuestas que buscaba, la mujer comenzó a llamar a los vecinos y vecinas para que ingresaran, mientras amenazaba con lesionar al representante del IPVU, diciéndole que le iba a romper la cabeza y que no iba a salir bien si no les entregaba las tenencias. En ese momento, ingresaron alrededor de treinta personas, amenazándolo para que firmara las tenencias”.

Agregó que la situación se mantuvo durante toda la tarde, repitiéndose las amenazas de la mujer. Cerca de las nueve de la noche permitieron la salida del funcionario.

Además, Carrillo fue juzgada por otro hecho que ocurrió el 15 de junio de 2022, cuando, junto a otras personas, obstaculizó la prestación del servicio público de luz. El suministro de energía se encontraba parcialmente suspendido por desperfectos técnicos, y cuando los operarios de la Cooperativa CALF arribaron al lugar para realizar los trabajos de mantenimiento, “la imputada, junto a otros vecinos y vecinas, lo impidieron”, señaló la fiscal en su acusación.

Al finalizar el juicio, el juez Gustavo Ravizzoli resolvió absolver a la mujer de ambas teorías acusatorias. Aseguró: “Es un caso con neto contenido social y a mi juicio declara connotación política. Estoy seguro de que se podría haber llegado a una salida distinta”, aseguró el magistrado. Asimismo, indicó que, a su modo de ver, “se da un contexto y un clima de cierta tensión, de reclamos, pero de ninguna manera constituyen una conducta típica de privación y obstaculización “, puntualizó.