Contaminación
La secretaría de Ambiente y las empresas petroleras deberán brindar información sobre el traslado de basura petrolera en Comarsa
La Justicia solicitó al organismo regulador provincial y a las empresas YPF, TSB, Indarsa y SAN para que brinden detalles sobre cómo llevan a cabo la mudanza del predio del Parque Industrial hacia Añelo.
La secretaría de Ambiente provincial, las empresas YPF, TSB, Indarsa y SAN deberán brindar información sobre el retiro y los movimientos de residuos peligrosos que se realizan en el predio de Comarsa en el Parque Industrial de Neuquén.
Así lo dispuso el juez de garantías Gustavo Ravozzolli, en una audiencia de reformulación de cargos que se realizó el pasado 13 de febrero. También se amplió la investigación por un plazo de seis meses para realizar peritajes contables y tomar muestras de la remoción del material contaminante.
El magistrado también hizo lugar a otros planteos de la fiscalía de Delitos Ambientales para mantener embargos por 7 millones de dólares. También avaló el agravamiento de la acusación por contaminación y administración fraudulenta contra dos ejecutivos y un empleado de la empresa Comarsa.
El pedido de información fue realizado por la Asociación de Abogados Ambientalistas, quienes desean conocer los detalles sobre las condiciones en que llevan a cabo el traslado del basurero petrolero desde el Distrito 6 de la capital hacia Añelo.
“Sabemos que Comarsa se está comprometiendo a quitar el contaminante, no tenemos claridad de cómo, cuándo, con quién se hace o cómo se va a pagar el traslado y en que tiempo”, comentó el abogado querellante, Emmanuel Roa Moreno, al diario Río Negro.
Los responsables de Comarsa fueron imputados por contaminar y cobrar por el saneamiento que no realizaron. La empresa acumuló gran cantidad de montañas de tierra con restos de químicos sin tratamientos a tal punto que el paredón de hormigón que demarcaba todo el perímetro del predio cedió y el material contaminado quedó más accesible que nunca.
A partir de la resolución del magistrado, las partes deberán realizar los oficios, sobre los puntos oralizados y remitirlos a la fiscalía, para que llegue a manos de un juez.
El abogado Roa Moreno pidió al juez que la información solicitada a las empresas no se ampare bajo cláusulas de confidencialidad porque se trata de una investigación pública.
