NEUQUÉN
La megaestafa con planes sociales se encamina a juicio con 17 imputados
La fiscalía dio por cerrada la investigación por asociación ilícita contra exfuncionarios y empleados de la provincia, que cometieron más de 9000 estafas por un monto superior a los 150 millones de pesos (a valores históricos).
La fiscalía de Delitos Económicos solicitó la elevación a juicio de los 17 imputados en la millonaria estafa con dinero de planes sociales de la provincia. Se trata de exfuncionarios y empleados del ministerio de Desarrollo Social acusados de conformar una asociación ilícita para apropiarse de fondos públicos, mediante 9303 estafas por más de 153 millones de pesos (a valores sin actualización).
El pedido lo hicieron ante la jueza Carina Álvarez, el fiscal Juan Manuel Narváez y el fiscal jefe Pablo Vignaroli quienes alegaron que con la información recabada durante la compleja investigación la causa está en condiciones de ser elevada a juicio oral.
La asociación ilícita funcionó entre 30 de septiembre de 2020 hasta el 31 de julio de 2022. Estaba integrada por funcionarios públicos y empleados del Ministerio de Desarrollo Social y Trabajo; de la Contaduría General del Ministerio de Hacienda del Poder Ejecutivo de Neuquén; y por particulares que colaboraban en la maniobra a cambio de un beneficio económico
La asociación ilícita que cometió la estafa reflejó una estructura piramidal con jefes que impartían órdenes hacia los colaboradores, los reclutadores y finalmente, a quienes retiraban dinero mediante el cobro de cheques o la extracción de dinero con tarjetas de débito.
En el primer nivel de la pirámide se ubicaban los jefes: Ricardo Soiza, quien ocupaba la dirección general de Gestión de Planes Sociales del Ministerio de Desarrollo Social y Trabajo; Néstor Pablo Sanz, exdirector de Fiscalización del Ministerio de Desarrollo Social; Marcos Ariel Osuna, ex responsable de Gestión de Programas del mismo organismo; Abel Di Luca, el exministro de Desarrollo Social; y Tomás Siengentharler, excoordinador de Administración de esa cartera.
Luego, la investigación determinó otros cuatro niveles: como colaboradores imputó a Luis Gallo, Laura Reznik, Julieta Oviedo y Julio Arteaga. En la función de reclutadora, quedó imputada Isabel Montoya. Como recaudadores incluyó a Aarón Escobar, Valeria Honorio, Ariel Krom, Emanuel Victoria Contreras y Daniel Rodríguez Quezada. Los beneficiados por la maniobra, según la fiscalía, fueron Alfredo Cury y Fernando Cardozo Regidor.
Tras precisar la maniobra mediante la cual, en el período indicado, la organización se apropió de $153.377.900 (monto histórico, sin actualizar), con roles y funciones predeterminados para cada uno de sus integrantes, el fiscal Narváez aclaró que en audiencias previas se acordaron cinco condenas a prisión condicional y que hay otros dos casos que resta resolver.
Respecto de los imputados y las imputadas incluidas en la acusación, adelantó que la fiscalía, en caso de recaer declaraciones de responsabilidad, solicitará penas superiores a los 3 años de prisión efectiva, y pidió a la jueza que disponga que el juicio esté a cargo de un tribunal colegiado.
Los representantes del MPF encuadraron la imputación en los delitos respecto de todos los imputado en los mismos delitos: asociación ilícita, en concurso real con fraude a la administración pública y defraudación especial por la utilización de tarjeta de débito sin la debida autorización de su titular, todo ello en concurso real por tratarse de 9303 hechos, en calidad de coautores. La única distinción tiene que ver con el rol que desempeñaban en la organización: quienes ocuparon el primer nivel de la pirámide fueron acusados como “jefes” de la asociación ilícita.
