CHOS MALAL
Condenaron a la enfermera que robaba y vendía vacunas de un centro de salud
La imputada admitió su responsabilidad y aceptó la condena. Robó vacunas del virus del papiloma humano del hospital de Chos Malal y las vendió en Taquimilán, donde residía y trabajaba.
En un juicio abreviado desarrollado la semana pasada, una enfermera fue condenada a dos años de prisión en suspenso e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos, al admitir que robó y vendió vacunas del hospital de Taquimilán.
La enfermera condenada se llama Graciela Itatí García, y en la audiencia de procedimiento abreviado realizada la semana pasada, el fiscal del caso Víctor Salgado presentó ante el juez Lisandro Borgonovo el acuerdo al que arribó junto a la defensa de la acusada, por el delito de peculado en calidad de autora.
El hecho ocurrió entre el 1 de agosto y el 31 de octubre de 2024, a las diez y cuarto de la noche, en el centro de salud de la localidad de Taquimilán. Graciela García, quien cumplía funciones como enfermera en ese lugar, en su carácter de funcionaria pública, se llevó dos vacunas contra el virus papiloma humano que pertenecían al Hospital de Chos Malal. “Estas vacunas estaban destinadas a su colocación en niños y niñas en el ámbito de salud pública", indicó Salgado.
Luego, en Las Lajas, la imputada vendió a otra mujer las vacunas por la suma de $320.000. “Con este accionar utilizó las vacunas que le fueron confiadas en razón de su función para su propio beneficio, sacando un provecho económico”, sostuvo el fiscal.
Por último, el Ministerio Público Fiscal sostuvo que García cometió el hecho en ocasión de su cargo y función como enfermera de un centro de salud público, a partir de que le fue confiada la custodia de las vacunas por el director del Hospital de Chos Malal. García “quitó las vacunas de la esfera de custodia del centro de salud de Taquimilán, destinándolas a un fin extraño de los que tiene la entidad”.
Además de los dos años de prisión condicional, la enfermera deberá cumplir reglas de conducta como no cometer nuevos delitos, someterse al control de la población judicializada de manera trimestral y fijar domicilio.
El acuerdo de una pena en modalidad condicional fue posible por la ausencia de antecedentes penales de la mujer; y se realizó a los fines de resolver la situación procesal de la mujer, en un plazo menor del que llevaría realizar un juicio oral.
