La Justicia rechazó cerrar una causa por extorsión contra once dirigentes de organizaciones sociales

El juez Juan Guaita rechazó el pedido de sobreseimiento de un grupo de dirigentes sociales neuquinos imputados en una causa por presunta extorsión. El expediente permanece archivado desde febrero, sin formulación de cargos. La resolución judicial se dio a conocer este martes y coincidió con la postura de la fiscalía y de la fiscalía de Estado, que impulsaron la denuncia en 2024.

El magistrado sostuvo que, sin una descripción concreta de los hechos y una calificación legal correspondiente, no es posible emitir una resolución definitiva. La defensa había argumentado que existían antecedentes en los que se concedió el sobreseimiento sin la formulación previa, pero Guaita distinguió este caso por la postura activa de la parte acusadora.

Los abogados defensores plantearon que mantener la imputación sin avances causa un daño a la imagen pública de los dirigentes sociales. El juez reconoció la preocupación, aunque consideró que el accionar del Ministerio Público Fiscal se encuadra dentro de los márgenes legales. Además, señaló que cualquier perjuicio debería canalizarse a través de otras vías judiciales.

La investigación se inició en mayo de 2024, a partir de una denuncia de la fiscalía de Estado por presuntos delitos vinculados al manejo de recursos de organizaciones sociales. En julio se realizaron 14 allanamientos simultáneos con alto impacto mediático. Entre los detenidos hubo una mayoría de mujeres.

El Ministerio Público Fiscal dividió la causa en dos tramos: uno por defraudación y otro por extorsión. El primero avanzó con formulación de cargos, mientras que el segundo quedó archivado por falta de pruebas suficientes. La defensa indicó que desde diciembre de 2024 no se registran movimientos en ese expediente.

Las personas que continúan imputadas como dirigentes sociales son Gladys Aballay, Graciela Leuno, Romina Pacheco, Vanesa Zava, Darío Holtz, Diego Mauro, Sonia Barrios, Lilian Larroza Velázquez, Ana Montoya, Araceli López y Claudia Ruminot. La acusación sostiene que habrían condicionado la entrega de ayudas sociales a la participación en actividades políticas.