RÍO NEGRO
Son cinco los detenidos por el brutal crimen de De la Canal, pero ninguno sería el autor
Se trata de tres mayores y dos adolescentes en edad punible. La víctima tenía relación con todos y aún no se pudo determinar el autor material. Los mayores quedaron 4 meses en prisión preventiva y los menores en domicilios a la espera de tobilleras electrónicas.Tres hombres y dos adolescentes quedaron detenidos acusados de haber participado del secuestro y asesinato de Julián Dobra De la Canal, ocurrido en General Roca. Todos mantenían una relación cercana con la víctima. Los tres mayores permanecerán cuatro meses con prisión preventiva y los menores en sus casas con custodia policial hasta conseguirse tobilleras electrónicas.
La formulación de cargos de la fiscalía fue por el delito de homicidio agravado por el uso de armas en calidad de partícipes primarios; para los mayores, con el agravante de haberlo cometido con la participación de menores.

Según la fiscalía, “la totalidad de los hechos ocurrieron en la ciudad de General Roca, entre el 17 de abril y el 3 de mayo, minutos después de las tres de la madrugada. En dicha circunstancia, el grupo de imputados cooperó con el autor, aún no individualizado, del homicidio de Julián Tomás Dobra de la Canal. La muerte se produjo entre el 17 de abril y 36 horas antes del último día de ese mismo mes, mediante un disparo de arma de fuego calibre 22 que le provocó una lesión mortal al ingresar en el parietal derecho”.
Agregó la acusación pública que “este grupo de hombres, posteriormente, ocultó y se deshizo del cuerpo de la víctima en el sector de las bardas, a 120 metros del comienzo de la calle Defensa Catini. Además, ocultaron la pistola cargada con siete balas y el vehículo de la víctima, que fue hallado algunos días después, quemado”. Sostuvo también que “los dos menores imputados, junto a uno de los mayores de edad, fueron quienes se ocuparon de incendiar el auto ubicado en el sector de la cantera Áridos, a la vera de la ruta provincial 6”.

Durante más de 40 minutos, la Fiscalía describió la evidencia obtenida desde que comenzó la investigación el 21 de abril, cuando la madre de Julián realizó la denuncia por su desaparición. En ese momento comenzaron las entrevistas a diversas personas, entre ellas empleadores, familiares y amigos de la víctima y la inmediata búsqueda por parte de la Policía.
Una vez que se halló el cuerpo, se sumó como sustento la declaración de policías, actas de procedimiento y del hallazgo del automóvil quemado, y el resultado del trabajo realizado por el gabinete de criminalística y el cuerpo de bomberos. Se incluyen las entrevistas de las personas que hallaron el cuerpo de la víctima y el auto, entre otros testimonios, algunos de identidad reservada. También se agrega el informe de verificación técnica que confirma que se trataba del vehículo de la víctima.

Mencionaron que cuentan con teléfonos celulares (dos de ellos secuestrados en el complejo penal de Roca), restos de piedras, una barreta y rastros de calzado que deben ser analizados y cotejados con el calzado secuestrado. Se detuvieron en los resultados de la autopsia, que requerirá ampliación con estudios complementarios para precisar el día y la hora del deceso, además de otras lesiones. Aclararon en este sentido que el cuerpo tenía marcas de arrastre, dos disparos en la cabeza y la ropa de la víctima presentaba mucha sangre.
En cuanto a testimonios, relataron que cuentan con declaraciones que vinculan a la víctima con los imputados y que la pareja de uno de ellos lo vio con Julián días antes y con la misma ropa con la que fue hallado. Incluso se mencionó que uno de los menores utilizó el vehículo de la víctima el fin de semana anterior a su desaparición. Dijeron que la víctima se vinculó en el último tiempo con los imputados y que, si bien el móvil aún no está claro, existieron algunas situaciones previas que habrían enfrentado a la víctima con alguno de los imputados.

Con relación a los veinte allanamientos simultáneos realizados en la mañana de ayer, indicaron los elementos obtenidos: en una de las viviendas secuestraron un arma calibre .22 y zapatillas con rastros idénticos a los encontrados en cercanías del auto. Mencionaron que cuentan con registros de llamadas telefónicas entre uno de los imputados y la víctima que intempestivamente se interrumpen el 18 de abril, cuando uno de los imputados dejó de llamar a la víctima, aun antes de conocerse su desaparición, mientras que antes lo hacía con frecuencia.
Agregaron que en la vivienda de uno de los menores encontraron “escondida en un tanque una campera con manchas hemáticas y otra moto que coincide con el otro rastro encontrado al lado del vehículo incendiado”. El vehículo tenía pedido de secuestro desde el mes de marzo pasado.

“Creemos que todas estas personas han participado con un apoyo esencial para la tranquilidad de quien ejecutó a Julián; que tal situación no se dio en el lugar del hallazgo y que, entre la lesión mortal y el deceso, pasó un tiempo. Estuvo agonizando –aclararon–, tal como surge a partir de la impronta de las heridas, y es probable que haya sido trasladado en su propio vehículo hasta el lugar en el que fue hallado su cuerpo”, dijo la acusación.
Los padres de la víctima estuvieron presentes en la audiencia, cada uno de ellos con querellante propio. La abogada que representó a su madre adhirió a los hechos y enfatizó la cercana relación que uno de los hombres imputados tenía con la víctima. “Las pruebas colectadas por la fiscalía lo sindican como el principal implicado, aunque aún no podamos sostener que es el autor del hecho”. La dupla de querellantes que contrató su padre adhirió y valoró la cantidad de evidencia obtenida por la fiscalía.

La defensa pública reiteró la enorme cantidad de información con la que la fiscalía llegó a la audiencia, aunque pidió la nulidad de la acusación por las imprecisiones de la misma. Aclaró que en el hecho se habla de un autor no identificado con quien habrían colaborado los imputados, pero no precisaron “qué hizo cada uno de ellos y cuál es la evidencia que sustenta tales conductas, que deben ser claras”.
“Está afectado el derecho de defensa porque no sé de qué debo defender a cada uno de los imputados. No hay prueba”, enfatizó la defensora oficial. La defensora de menores también pidió que no se tengan por formulados los cargos por argumentos similares: “No se explica de qué forma intervino en el hecho cada uno de los menores, no hay evidencia de ello ni pericia determinante”.