Este miércoles se firmaría el convenio por obras y las Organizaciones sociales levantaron la movilización
A última hora del martes, las organizaciones anunciaron que fue enviado el convenio de obras.ñ
A última hora del martes, las organizaciones anunciaron que fue enviado el convenio de obras.ñ
Fue en el marco de una jornada nacional de lucha. Solicitaron alimentos para comedores y la continuidad del programa Potenciar.
La fuerte presión ejercida por los representantes de las agrupaciones, obligó al Gobierno a cerrar un acuerdo, en el que se comprometió a reforzar la asistencia a comedores y merenderos. Además, anunció el desarrollo de distintas obras, “para facilitar el ingreso al trabajo”.
Aseguran que la decisión fue tomada porque el acusado se encontraba en "pésimas condiciones" en el lugar donde se encontraba detenido.
Concentraron en las puertas de Casa de Gobierno, donde exigieron la reapertura de la mesa de negociación y ratificaron el paro por 72 horas.
El proyecto de la diputada Gabriela Suppicich propone la creación de un órgano que funcione de manera independiente del estado y en favor de los derechos de la mujer trabajadora.
El propietario del complejo Bahía Bonita, en el Lago Mari Menuco, cargó contra Carlos Quintriqueo, secretario general del gremio, y Mario Chiappe, director por los trabajadores del Ente de Energía.
Aseguraron que se hizo de manera virtual y en pocos días, dejando afuera a muchas familias de sectores vulnerables.
Habrá un fuerte operativo de seguridad en las afueras del recinto y cortes de calles.
Las fuerzas federales quisieron imponer el protocolo antipiquete de Patricia Bullrich y llegaron a un acuerdo con los manifestantes. Podrían cortar en la ruta, pero no se podían unificar la protesta.
Aseguran que 44 mil comedores populares se quedaron sin la asistencia del Estado.
Sin respuestas, alertaron sobre la quita de programas sociales a personas con monotributo social. "Esto es grave", sentenciaron.
Con la designación de Mario Moya como presidente del Ente de energía y Marcelo Severini, presidente de CALF, como director por el Ejecutivo, el gremio estatal tendría control absoluto en las decisiones.
Advirtieron que la crisis alimentaria “no da más” y que el Gobierno no da soluciones.
El secretario general de la CTA Autónoma, Alfredo Marcote, realizó una denuncia penal y pidió que se investigue el convenio por el "Cargo de Potencia Transportada" que se firmó entre el EPEN y CALF en el año 2020.
Dijo que la convocatoria a sesión extraordinaria, se realizó “entre gallos y medianoche” y tiene como objetivo “aumento de impuestos, reestructuraciones presupuestarias, contrataciones directas y endeudamiento en dólares”.
Los dirigentes sociales le solicitaron a José Gerez que interceda ante el gobierno en el reclamo por puestos de trabajo. Además, pretenden que el fiscal general intervenga para desarticular las causas penales en su contra, iniciadas por reclamos en la vía pública.
Los manifestantes, expresaron diferentes modalidades de reclamos, en el ministerio de trabajo de la provincia y en la empresa Techint y denuncian que el gobierno “no garantiza la continuidad laboral, el mes de diciembre y no hay alimentos en los comedores populares”.
Sin llegar a un acuerdo liberaron la calle pero adelantaron que profundizarán la medida si no se los convoca de forma urgente.
Aseguran que los trabajos habían sido acordados con la anterior gestión del gobierno provincial.