Regionales

Denuncian a funcionarios barilochenses

Funcionarios municipales de Planeamiento y Medio Ambiente fueron denunciados ante el Tribunal de Contralor por supuestos incumplimientos y omisiones en la aprobación de un barrio del IPPV.
lunes, 27 de julio de 2009 · 00:00
Funcionarios municipales de Planeamiento y Medio Ambiente fueron denunciados ante el Tribunal de Contralor por supuestos incumplimientos y omisiones en la aprobación de un barrio del IPPV.

Días atrás la empresa contratista de la obra desmalezó el terreno sin cuidado alguno por la vegetación nativa y recibió una infracción del Servicio Forestal Andino.

Los inspectores del organismo provincial formularon algún cuestionamiento velado a la actuación previa del municipio, pero mucho más allá fue Marcos Ferrero (vecino del barrio y miembro de la ong Arbol de Pie) quien atacó con dureza a "los responsables políticos" del área de Planeamiento, cuya titular es Fabiela Orlandi.

Según Ferrero, las irregularidades en el expediente del barrio social que construye el IPPV para el consorcio de trabajadores judiciales son "un emergente más de la falta de respeto con la que el Ejecutivo municipal maltrata el ambiente natural".

Explicó que, de acuerdo al Código de Edificación, los responsables de la obra debían presentar "el plano ecológico del área de implantación y predio total". Aseguró que ese plano "es inexistente en el proyecto".

Agregó que "las ordenanzas 217/89 y 410/04 imponen la necesidad de un Estudio de Impacto Ambiental, no cumplimentado hasta la fecha".

Otra omisión de Planeamiento, siempre según el referente de Arbol de Pie, fue la de exigir el certificado de amojonamiento y el relevamiento arbóreo que prevé la ordenanza 1531/05.

Se quejó de que el municipio haya aprobado un plano de ubicación en el cual dos de las viviendas obligan a talar un ñire de un metro y diez centímetros de diámetro, cuando la normativa vigente sólo habilita a eliminar el árbol "cuano no existe solución arquitectónica alternativa".

Ferrero dijo que la reciente ley nacional de protección de bosques nativos (la 26.331) también impone restricciones que no fueron respetadas.

Con esos argumentos la ong denunció ante el Tribunal de Contralor a los funcionarios municipales actuantes y advirtieron que ese planteo será "la instancia previa" a la vía judicial.

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