Regionales

Formalizan pedido de juicio político contra la Defensora del Pueblo

El concejal radical, Claudio Otano, presentó hoy ante la Legislatura provincial el pedido de juicio político contra la Defensora del Pueblo rionegrina, Ana Piccinini, pidiendo, además, su “destitución”.
miércoles, 19 de agosto de 2009 · 00:00
Le adjudica “delitos cometidos en el desempeño de sus funciones; y falta de cumplimiento de los deberes a su cargo”. El edil justificó el pedido por la denuncia efectuada contra Castañón por la apropiación de terrenos y la participación de Piccinini en el proceso electoral.

Acusándola de violar la ley que rige el funcionamiento de la Defensoría del Pueblo (Nº 2756), el concejal de la Concertación, Claudio Otano, presentó formalmente ante la Legislatura el pedido de Juicio Político contra la Ana Piccinini.

A través de un escrito, el edil radical de Bariloche explicó que la Defensora del Pueblo acusó al por entonces candidato a Diputado Nacional, Hugo Castañón, y su familia, de formar parte de un grupo dedicado a la apropiación indebida de terrenos a partir de la adulteración de documentación. Además, planteó Otano, Piccinini se involucró en el proceso electoral -contra los intereses del radicalismo provincial- no ciñéndose a la expresa prohibición legal que rige en este sentido para los Defensores del Pueblo.

A modo de prueba, el concejal ofreció la desgrabación de tres entrevistas radiales previas a la elección -dos de Bariloche y una de General Roca- en las que Piccinini “la Defensora se encarga detenidamente de enaltecer las cualidades políticas de los candidatos Oscar Albrieu (FPLV) y Magdalena Odarda (ARI), a la par que denosta implacablemente a Hugo Castañon (CpD) con epítetos de diverso calibre sobre su anterior desempeño legislativo”.

Para el concejal “estas intervenciones radiales tuvieron una gran repercusión mediática, irradiándose en medios gráficos, digitales, televisivos y desplegando un inocultable impacto negativo en las chances electorales del candidato oficialista, especialmente en la ciudad de S.C. de Bariloche, de donde es nativo el entonces candidato y por la gran sensibilidad e importancia que tiene en la comunidad el acceso a la tierra y la enorme dificultad que ello implica en términos sociales y económicos”.

“Como ciudadano no puedo dejar pasar por alto el gravísimo comportamiento de la Defensora -señaló en el escrito-, quien usando su credibilidad y capacidad, ejercita su cargo Provincial de manera 'ilegitima, defectuosa, irregular, arbitraria, discriminatoria, negligente, gravemente inconveniente o inoportuno de sus funciones', tal cual reza el Art. 9, inc) a de la Ley 2756 (Defensor del pueblo). La pregunta es: ¿Quién me defiende como ciudadano cuando la propia Defensora viola la misma norma por la cual debe velar?”, expresó.

En la transcripción de las entrevistas radiales, Piccinini asevera que Castañón, su esposa Marcela Álvarez, y su cuñado, se encuentran “comprometido” en una investigación que lleva adelante el juez penal Martín Lozada, en relación a un accionar delictivo para la apropiación de lotes.

“La Defensora del Pueblo se vale de un elemento probatorio de dudoso origen (correo electrónico anónimo o de identidad no proba), para armar una ficción de alto contenido mediático que incluye hasta la afirmación por parte de ella de la formalización de una denuncia penal al respecto (la cual resulto ser falsa)”, explicó Otano, y agregó que “el diseño de la fabula y su puesta en escena a escasos días de una elección general demuestra que existió una manifiesta premeditación y calculo para ocasionar un deterioro de las expectativas electorales de un candidato por sobre los demás. La gravedad institucional del desempeño de la Defensora en este asunto queda reflejada en la sistemática violación de normativas que paso a describir”.
En ese sentido, aseguró que “la Dra. Piccinini ha incurrido en posibles conductas delictivas contempladas en nuestro Condigo Penal Argentino en el art. 109: 'La calumnia o falsa imputación de un delito que dé lugar a la acción pública, será reprimida con prisión de uno a tres años', y en el 110: 'El que deshonrare o desacreditare a otro, será reprimido con multa de [mil quinientos a noventa mil pesos] o prisión de un mes a un año'”.

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