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Escándalo: Ex funcionaria rionegrina denunciada por "espía"

La ex Defensora del Pueblo, Ana Piccinini y su secretario, fueron acusados por la subsecretaria de Derechos Humanos, Gladis Cofré de espiar a empresarios, periodistas y referentes de DDHH.
sábado, 17 de septiembre de 2011 · 00:00
En su escrito solicita sea remitida al Juez de Turno la presentación a los efectos de profundizar la investigación de los hechos denunciados a fin de establecer si los nombrados, Piccinini y González, incurrieron en delitos contra la administración pública, ya sea abusando de su poder y/o perjudicando al patrimonio público por peculado, malversación de caudales, etc., teniendo en cuenta la forma de contratación, el pago de información requerida, los fondos utilizados, etc.

La denuncia señala que el 3 de septiembre pasado recibió en forma anónima “un sobre conteniendo fotocopias simples con un listado de consultas realizadas desde la Defensoría del Pueblo a la empresa Nosis, las cuales en principio aparentaban ser tareas de inteligencia sobre personas físicas y jurídicas, teniendo en cuenta que en el listado aparecían nombres de jueces, periodistas, empresarios, empresas varias, políticos, familiares de todos ellos, etc, sumado a que dicha empresa brinda información de carácter reservado de personas físicas y / o jurídicas".

En virtud de ello señaló que solicitó a la Defensoría un informe sobre al existencia de algún vínculo entre ese órgano de control externo y la empresas Nosis. “En respuesta a mi pedido se me hizo saber que la Defensoría del Pueblo utilizaba los servicios de información de la empresa Nosis desde el año 2008, habiendo realizado la contratación en forma directa de los servicios la ex Defensora del Pueblo Ana Piccinini y su secretario Jorge Daniel González, quienes poseían las claves y solo ellos realizaban las consultas”.

Señaló además que las facturas de los servicios eran remitidas para su pago con fondo del Estado correspondientes a las partidas del presupuesto de la Defensoría y conformadas por Piccinini o González, las cuales eran canceladas a través de una transferencia a la cuenta del proveedor y por una determinada cantidad de informes.

Cofré señaló además que “una vez corroborado que Piccinini y González requirieron por las tareas de información privada o inteligencia a NOSIS SA y pagaron por ello con fondos públicos es que vengo a denunciar las presuntas conductas ilícitas, ya que tomé conocimiento de los hechos mencionados en el ejercicio de mis funciones y así lo establece el artículo 158 del Código Procesal Penal, solicitando se remita la presente al señor Juez en turno para que profundice la investigación de los hechos que aquí se denuncian, a fin de establecer si Piccinini o González incurrieron en alguno de los delitos contra la administración pública, ya sea abusando de su poder y/o perjudicando el patrimonio público, ya sea por peculado, malversación de caudales, etc. teniendo en cuenta la forma de contratación, el pago de la información requerida, los fondos utilizados, etc.”.

La conferencia de prensa

Los detalles de esta presentación judicial fueron brindados en la mañana de hoy por la Subsecretaria durante una conferencia de prensa desarrollada en la sede del organismo provincial que conduce.

En la oportunidad Cofré señaló que a partir de la denuncia recibida y en respuesta a un pedido formulado a la Defensoría, el organismo de control confirmó la relación que se había establecido oportunamente entre la ex Defensora y la empresa de investigación NOSIS SA. “No creímos que fuera posible que desde la Defensoría del Pueblo se haga este tipo de trabajo respecto de, por lo menos, algunas personas que nos llaman mucho la atención. Alguna de las personas investigadas es el director de un medio nacional y también de la directora de un medio local” señaló.

Por razones legales la funcionaria se abstuvo de dar todos los nombres que figuran en el listado de las personas investigadas. Si bien dijo que la empresa funciona en forma legal en la ciudad de Buenos Aires, señaló que lo sorprendente es que este servicio fue contratado desde la Defensoría del Pueblo. Destacó que en función de la autorización otorgada por dicha persona, uno de los investigados y que aparece en la l