Cuesta del Ternero: un problema sin solución con el mismo final

La tensión en Cuesta del Ternero, lugar en el departamento Bariloche, provincia de Río Negro, reveló algo más que un mero conflicto de tierras. No solo que la historia se vuelve a repetir, sino que, lamentablemente, no es leída como un problema nacional severo, como una verdadera dificultad crónica que ya traspasa fronteras.

El antecedente fresco es el de Cuesta del Ternero, paraje rionegrino, pero hace un mes, también en Río Negro, y después de varios cruces (con prepotencia mediante) tuvieron que ser remitidas fuerzas federales desde el gobierno de Alberto Fernández, cuando los inconvenientes se hicieron tan notorios en la provincia que abarcaron los principales medios nacionales.

Quedaron evidenciadas las desavenencias políticas, con fuego cruzado entre Alberto Fernández y Aníbal Fernández para con la gobernadora de la provincia patagónica y, ante un nivel de violencia creciente y reiterados reclamos irrenunciables de la mandataria, el Ejecutivo nacional aceptó -a regañadientes- el auxilio exigido. Pero el nuevo fallecimiento de Cuesta del Ternero reaviva la indignación.

Nuevamente un herido, incidentes y un nuevo perecimiento en circunstancias confusas en este último fin de semana largo evidenciaron que no hay soluciones a la vista. Y de nuevo, aparecen las aclaraciones, las idas y vueltas de los actores involucrados y la carencia de políticas que otorguen una solución real al problema.

La cadena no tiene fin: la Policía de Río Negro se desvincula del hecho (aunque ello se pone en duda), el intendente de El Bolsón responsabiliza a Magdalena Odarda, presidenta del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI). A su vez, desde allí acusan que el caso es similar a lo que causó la exministra de Seguridad, Patricia Bullrich, cuando fue asesinado Rafael Nahuel, al ser un nuevo hecho de hostigamiento: lo ocurrido en Cuesta del Ternero, para el INAI, es responsabilidad exclusiva de la administración rionegrina, por “no brindar seguridad” adecuada.

La palabra represión asoma con las múltiples versiones cruzadas y también la falta de esclarecimiento: es que las balas de goma siempre aparecen para oscurecer la transparencia de las verdaderas raíces del conflicto. Además, la versión de que supuestos sicarios fueron contratados para actuar solo aporta incertidumbre, ya que, al estar el lugar cercado por la fuerza policial, se cuestiona si fueron los efectivos los que facilitaron la entrada de los victimarios.

Cabe destacar que hace treinta días atrás la gobernadora de Río Negro, Arabela Carreras, al solicitar que tome intervención la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) para priorizar “sobre todo la investigación”, enfatizó en la gravedad del tema al afirmar que estos grupos “intentan socavar el orden constitucional”.

¿Tuvo que repetirse otro final fatal? es la pregunta que surge ante tanta desidia. La misma imagen con un nombre nuevo, la nueva noticia con antecedentes cercanos y (también algunos que, por lejanos, no menos importantes) remiten a un eco angustiante que deja en claro que la grieta y el protagonismo de algunos están por encima de arbitrar una acción concreta para resolver los intereses en disputa.

Primero, Rafael Nahuel y, ahora, Elías Garay

Ya en 2017 un operativo del grupo de elite de Prefectura, Albatros, en la ocupación de un terreno de Parques Nacionales en Villa Mascardi, derivó en el perecimiento intencional del joven mapuche Rafael Nahuel, de 22 años. Lejos de calmarse, la escalada del conflicto no solo va en tendencia ascendente en una de las áreas en puja de la Patagonia Argentina como lo son la zona cordillerana rionegrina y el sector norteño de Chubut, sino que también tiene una colección de sucesos en el país trasandino.

¿Qué nuevos costos asumirán (o no) las autoridades?, ¿hasta cuándo el reclamo de derechos, legítimos o no, va a derivar en sucesos trágicos como el acontecido ahora en el paraje de Río Negro?: un repaso por la historia argentina debería ser más que suficiente para tomar cartas urgentes en el asunto.