Ordenaron el desalojo de la comunidad mapuche en Cuesta del Ternero

El conflicto mapuche en Cuesta del Ternero suma hoy un nuevo capítulo. El juez Ricardo Calcagno dispuso que cuatro integrantes de la comunidad Quemquemtreu deberán abandonar el asentamiento.

Así lo resolvió el magistrado durante una audiencia en la que hizo lugar a la medida solicitada por el abogado querellante Ernesto Saavedra, en nombre de Rolando Rocco, en el marco de la causa que investiga el delito de usurpación de las tierras de Cuesta del Ternero que le fueron otorgadas para explotar.

El juez dispuso que los imputados tendrán una semana para retirarse voluntariamente del paraje Cuesta del Ternero. En caso contrario, se procederá al desalojo “mediante la fuerza pública a cargo del Ministerio Público Fiscal”.

La resolución alcanza a Juan Cruz Baeza, Lautaro Cárdenas Despo, Alejandro Morales Godoy y Mauro Vargas. No estarán obligados a abandonar la zona Romina Jones y Ariadna Mansilla, ya que ayer el juez Bernardo Campana ordenó que continúen sus medidas cautelares.

Qué argumentaron las partes

Por el lado de la querella, Saavedra sostuvo que “desde septiembre, en la propiedad de Rolando Rocco, se han producido hechos de violencia” y que “el desamparo y desprotección” de su cliente “es notorio y lleva mucha agua bajo el puente”.

En declaraciones anteriores a la audiencia, el abogado del empresario aseguró que Rocco debía permanecer con custodia policial en su vivienda de El Bolsón porque tenía miedo a que algo le sucediera.

Además, el letrado apuntó contra “el Ministerio de Seguridad de la provincia por omitir el cumplimiento de una orden judicial para allanar e identificar a las personas” y, en ese sentido, lo responsabilizó por el homicidio de Elías Garay, el joven mapuche asesinado el 21 de noviembre en el paraje.

Por su parte, la abogada defensora de la comunidad de Cuesta del Ternero, Andrea Reile, recalcó que Martín Feilberg, imputado por el homicidio del joven mapuche reconoció “ser socio y trabajador” de Rocco.

A su vez, cuestionó la decisión de desalojar “a una comunidad indígena que tiene protección internacional especial” y aseguró que el expediente que indicaría que el Gobierno provincial le otorgó esas tierras a Rocco “no existe”.

“Tenemos un período de investigación al 24 de febrero. No entiendo el apuro de la querella y la fiscalía de pedir el desalojo. La comunidad está sobre un bosque nativo. No en el lugar donde el denunciante lleva adelante su industria. No hay intención de perjudicar al querellante”, concluyó la abogada.