Río Negro denunció que el Gobierno Nacional no entrega los fondos de transporte

En medio de un panorama complicado para muchas provincias, Río Negro se mantiene firme en el sostenimiento del transporte público con recursos propios. Durante 2024, la provincia ya destinó más de 3.581 millones de pesos para garantizar el servicio y, según lo previsto, invertirá 4.115 millones antes de fin de año. Esta inversión busca reducir el impacto del aumento de tarifas, encarecidas por las largas distancias y el elevado costo de los insumos.

Río Negro no solo mantuvo los subsidios al transporte, sino que los incrementó. El compromiso provincial abarca tanto el servicio de corta como de larga distancia, con un total de más de 2.535 millones de pesos anuales destinados a recorridos interurbanos. Las zonas más beneficiadas son la Andina y el Alto Valle, donde la demanda de pasajes es más alta.

Además, la provincia también subsidia el transporte urbano en siete ciudades: Cipolletti, General Roca, San Antonio Oeste, Bariloche, Sierra Grande, Viedma y El Bolsón. En conjunto, estas ayudas representan otros 1.580 millones de pesos anuales. Con esta medida, se intenta evitar que los usuarios de colectivos sufran aumentos bruscos y se garantice la conectividad en los distintos puntos del territorio rionegrino.

Mientras tanto, Río Negro también se hace cargo de toda la infraestructura vial provincial. En este marco, el gobernador Alberto Weretilneck se sumó a otros 22 mandatarios provinciales para impulsar un proyecto de ley que busca un reparto más justo del impuesto a los combustibles. La propuesta incluye la eliminación del Fondo para el Sistema de Infraestructura del Transporte y la creación de un nuevo esquema de distribución: el 57% de lo recaudado iría a las provincias, y el 43% quedaría en manos de Nación.

Con este pedido, las provincias apuntan a recuperar fondos que son clave para sostener obras y servicios básicos, como el transporte, que en regiones amplias y con grandes distancias como Río Negro, resulta fundamental para garantizar derechos y calidad de vida.