Río Negro
Se cumple un mes de la orden de desalojo en Cuesta del Ternero y aún no hay solución
La comunidad mapuche Lof Quemquemtreu se instaló en la ubicación desde septiembre de 2021.
Hoy domingo 30 de enero se cumple un mes desde que la justicia rionegrina ratificó la orden de desalojo de la comunidad mapuche Lof Quemquemtreu del paraje de Cuesta del Ternero, ubicado a 30 kilómetros de El Bolsón.
Sin embargo, a pesar de la orden del juez Greogr Joos, la comunidad continúa en la localidad y durante la semana solicitaron al Gobierno rionegrino que no se ejecute la medida. Desde la fiscalía, esperan que el desalojo de Cuesta del Ternero se realice el próximo mes de febrero.
La comunidad Lof Quemquemtreu ocupó el predio de Cuesta del Ternero desde el 18 de septiembre y fue denunciada por usurpación por Rolando Rocco, un empresario que tiene un permiso de explotación forestal en esa zona.
En ese momento, la justicia ordenó la custodia policial en el predio para impedir el ingreso de más personas al sector de la ocupación. Sin embargo, el 21 de noviembre pasado, dos hombres accedieron al sector de la comunidad tras manifestar ser cazadores.
Después de una discusión, uno de ellos efectuó un disparo que impactó contra Elías Garay, un miembro de la comunidad mapuche, lo que ocasionó su fallecimiento. La causa por usurpación siguió su curso hasta que, el 16 de diciembre pasado, se le ordenó a la comunidad desalojar el predio con un plazo de siete días.
Esta medida fue apelada por la defensa de la Lof Quemquemtreu y el juez Gregor Joos otorgó dos días más para alcanzar “una solución alternativa al conflicto”. La fiscal jefe Betiana Cendón reconoció que “hubo inconvenientes para llegar a un acuerdo” y Joos ratificó el desalojo.
Solicitud de la comunidad al Gobierno rionegrino y la esperanza de la fiscalía
El pasado miércoles, los integrantes de la Lof Quemquemtreu pidieron al secretario de Derechos Humanos de Río Negro, Duilio Minieri, que no se ejecute la orden de desalojo en Cuesta del Ternero, al término de esa reunión, Ezequiel Palavecino, abogado de la APDH Bariloche (Asamblea Permanente por los Derechos Humanos), reconoció que ahora la orden corresponde al Ministerio de Seguridad, a cargo de Betiana Minor.
En los últimos días, el abogado querellante Ernesto Saavedra, se mostró esperanzado en que “una vez que termine la feria, se produzca el desalojo en febrero”. “El desalojo está firme, pero no estaban los fiscales que recién ahora se están incorporando. Los jefes fiscales tampoco están. Solo el juez de feria”, manifestó.
