Los asistentes a la fiesta de Río Gallegos durante la cuarentena debieron pagar casi medio millón

En mayo del año pasado, cuando regían en el país estrictas restricciones a la circulación en el auge de la pandemia por coronavirus, se celebró un cumpleaños multitudinario en Río Gallegos que, pese a no respetar las disposiciones presidenciales, fue transmitido vía streaming por Facebook. Hoy los involucrados enfrentan una causa penal y los invitados pagaron multas, tras un acuerdo judicial.

Dentro de los participantes de la fiesta en la ciudad capital de Santa Cruz, se encontraba el histórico dirigente kirchnerista Rudy Ulloa Igor. En ese sentido, luego de que la Justicia llegara a una determinación, se acordó que los presentes pagaran cerca de medio millón de pesos destinado a insumos médicos para el Hospital Regional de Río Gallegos.

La abultada cifra representa la mitad de lo que recaudó hasta ahora el Juzgado Federal de Río Gallegos, que está a cargo del juez federal Claudio Vázquez, y que ya ha investigado unas 250 causas entre 2020 y 2021 por violaciones al decreto presidencial.

Cómo fue la fiesta y cuáles sus consecuencias

Pese a que con la pandemia se popularizó el término “fiestas clandestinas”, la celebración en Río Gallegos no fue secreta ni pasó desapercibida. De hecho, el evento organizado el 25 de mayo fue transmitido por el celular del propio Ulloa Igor a través de Facebook. Hubo más de 90 personas conectadas al streaming y, si bien el video fue eliminado, circuló de todas formas y llegó a la Policía.

A través del material difundido, se pudo observar que ninguno de los infractores llevaba puesto un tapabocas y tampoco se respetaba la distancia social. En el video, también se podía identificar una gran cantidad de bebidas alcohólicas que circulaban entre los asistentes y también música bailable de fondo. “Vamos a terminar todos presos”, se escuchaba en uno de los fragmentos que circuló en redes sociales, lo que daba cuenta de la plena consciencia en los actos.

Cabe destacar, por último, que fuentes oficiales del juzgado federal de Río Gallegos brindaron declaraciones al Diario La Nación y explicaron que los acuerdos de dinero entre los presentes variaron en función de su capacidad económica y nivel de involucramiento. 

Lo recaudado fue empleado para adquirir material sanitario como barbijos, alcohol en gel, oxímetros, batas y elementos de ortopedia para el Hospital Regional de Río Gallegos. Sin embargo, hubo casos de involucrados que prefirieron prestar servicios comunitarios.