Post-cuarentena: Garrigós de Rébori avisó que crecerán los delitos contra propiedad

María Laura Garrigós de Rébori, actual interventora del Servicio Penitenciario Federal (SPF), expresó que a su entender, luego de que la cuarentena se vea finalizada, "vamos a tener un pico de delitos contra la propiedad”, producto de la crisis económica que desvela al país.

Estas llamativas declaraciones de la interventora vinieron acompañadas de la afirmación de que la población carcelaria se redujo considerablemente a partir de las medidas sanitarias aplicadas en los recintos, y que esto "desinfló un poco la olla de presión", según una entrevista radial en el programa "Habrá Consecuencias". Respecto de los delitos anunciados, ofreció más detalles.

“Todas las crisis económicas han producido ese efecto y esto va a revertir la situación de acomodamiento en las cárceles".

Previamente, la exmagistrada contó que debatió esta problemática futura con la titular del Ministerio de Seguridad, Sabina Frederic, en un contexto donde el delito en la Provincia de Buenos Aires y en todo el país en general, han decaído producto del aislamiento.

A su vez, la exjueza de Casación Penal expresó que su trabajo es “dialogar con los patronatos de liberados que reúnen la mayor cantidad de internos" para acordar políticas concretas. Según expresó, "ellos son los encargados de completar el tránsito desde el encierro a la libertad".

Además, Garrigós de Rébori afirmó que es muy importante para el sistema penitenciario que cuando una persona salga "tenga redes de contención que le permitan afrontar otra vida, y no la vida que le determinó el encierro". Se refirió a este tipo de programas cuando dijo que es hora de la Argentina llegue "al nuevo siglo" en esta materia.

Cuando se produjeron las liberaciones de los presos en la Provincia de Buenos Aires, el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, pidió tres procesos de enjuiciamiento sobre magistrados del interior de la provincia por haber realizado operaciones que perjudicaron a las víctimas de los crímenes que habían recluído a los liberados en cuestión.

En estos términos, el Gobierno fue acusado por la oposición de no respetar la Ley de Víctimas y la Asociación de Magistrados rechazó enérgicamente los pedidos de Massa y varios funcionarios del oficialismo. La misma presidente de la Cámara de Casación, Ana María Figueroa, declaró que los jueces "pueden equivocarse".