“Sería desafortunado...”: la terminante advertencia de los bonistas al Gobierno sobre la deuda
Para los acreedores “no ha habido un compromiso significativo”.
Luego de que el ministro Martín Guzmán apuntara contra Ad Hoc, los bonistas más duros lanzaron una terminante advertencia al gobierno de Alberto Fernández en pos de la negociación de la deuda extranjera.
Si bien, los acreedores reconocieron que “las partes no están tan lejos” en sus posiciones en torno a la morosidad de los argentinos, alertaron al Frente de Todos que “sería desafortunado” que endurecieran su postura, tal como lo anticipó el jefe de la cartera de Economía.
El mes pasado, el ministro de Economía de Fernández acusó al grupo liderado por BlackRock de querer “tirar por la borda el progreso de los últimos años en materia de Cláusulas de Acción Colectiva (CAC)".
La respuesta de los bonistas al oficialismo nacional fue que el éxito de la reestructuración de la deuda extranjera “depende de Argentina”, puesto que hasta aquí, “los tenedores de bonos han mostrado mucha flexibilidad al hacer una oferta sostenible”.
Así lo sentenció Dennis Hranitzky, quien se desempeña como asesor legal de Exchange Bondholder Group y jefe de la práctica de litigios soberanos, Quinn Emanuel Urquhart & Sullivan, LLP.
Exchange Bondholder Group y Ad Hoc Argentine Bondholder presionaron al Kirchnerismo al cuestionar que “no ha habido un compromiso significativo” entre los representantes del Frente de Todos y ellos desde que se definió la quinta prórroga en el pago de la deuda argentina.
“La falta de compromiso serio por parte de las autoridades argentinas es profundamente preocupante, dado que el tiempo es esencial y todas las partes deben centrarse en evitar los devastadores costos legales y económicos de un incumplimiento prolongado”, insistieron los tenedores de bonos.
Sin embargo, cabe resaltar también que, hasta los acreedores admiten el Fondo Monetario Internacional está tratando de facilitar que Argentina llegue a un acuerdo en función del pago de los números en rojo que, en teoría, debería resolver hasta el próximo 24 de julio, que es el plazo que consiguió la administración de Alberto Fernández para llegar a una retribución sostenible en el tiempo.
