Deuda con acreedores: avanza la causa contra Vicentin en el exterior
Habrían encontrado pruebas incriminatorias.
Continúa la puja de los acreedores extranjeros por llegar a la verdad sobre los movimientos financieros que la empresa Vicentin realizó desde el 2017. Según afirmaron, están cerca de confirmar transacciones que aumentarían las dificultades para el directorio.
Las operaciones realizadas durante los últimos tres años “pueden equivaler a un delito penal bajo la ley argentina", sobre todo por el hecho de que terminaron llevando a la agroexportadora santafesina a la quiebra, privando a los demandantes de cobrar su dinero.
Mientras tanto, los bancarios organizados le pidieron nuevamente a la Corte de Nueva York que se ponga más severa a la hora de reclamar el historial de transferencias electrónicas llevadas a cabo por distintos miembros jerárquicos de la empresa intervenida.
Una de las partes damnificadas por la cerealera radicada en Avellaneda es la Corporación Financiera Internacional, la cual pertenece al Banco Mundial y se especializa primordialmente en países en vías de desarrollo, como la Argentina.
Los denunciantes acusan a Vicentin de haber realizado maniobras para sacar los fondos del país de manera ilegítima, sin que los acreedores puedan probarlo mediante documentación de transacciones fidedignas. Concretamente, creen que hubo un desvío de fondos.
Esta situación, que podría merecer una pena de gravedad, se habría llevado a cabo dirigiendo el dinero hacia países como Paraguay o Uruguay. Esto explicaría el repentino colapso que tuvo la empresa, luego de auditar finanzas estables el año pasado.
Este es uno de los puntos que más desconcierta a los bancos acreedores y una de las razones por la cual la Unidad de Información Financiera (UIF) entró en la causa. La deuda del conglomerado afectó gravemente al sector productor del campo.
El director del Banco Nación, Eduardo Hecker, denunció a la gestión anterior por haber otorgado a la empresa una inmensa cantidad de préstamos que la llevaron a quedar endeudada con la entidad pública. Se trata de 182 millones de pesos.
