Por qué la Oficina Anticorrupción denunció penalmente al expresidente Mauricio Macri
En caso de ser encontrado culpable, el exmandatario podría ser sentenciado de 15 días a 2 años de cárcel.
Este jueves, la Oficina Anticorrupción (OA) denunció al expresidente de la Nación, Mauricio Macri, por presunto enriquecimiento ilícito y un posible lavado de activos, además se lo acusó de haber protagonizado movimientos accionarios entre socios inexistentes y sociedades ficticias.
La denuncia penal contra el exmandatario fue radicada por el secretario de la OA, Felix Crous, quien hizo referencia a movimientos accionarios entre las sociedades AGRO G S.A., Latin Bio y el Fideicomiso Ciego de Administración creado en 2015.
El caso quedó a cargo de la jueza María Servini y la conducta descrita en la acusación está prevista en el artículo 268 del Código Penal. En caso de ser encontrado culpable, Macri podría ser sentenciado a cumplir entre 15 días y 2 años de prisión y se lo inhabilitaría de manera permanente de ejercer cualquier cargo público.
Por qué es denunciado el expresidente
Según manifiesta la denuncia emitida el jueves, el exmandatario de la Nación habría mentido cuando declaró haber poseído el 14% de las acciones de la empresa AGRO G, ya que en realidad tenía el 20%, además habría omitido haber adquirido la titularidad de más de 5 millones de acciones preferidas de la compañía.
“Corresponde imputarle a Mauricio Macri la transferencia de al menos 5.064.938 de pesos provenientes de un ilícito penal, con los que adquirió la titularidad de 5.064.938 de acciones preferidas de la firma Agro G S.A.” indica la acusación.
A su vez, el exjefe de estado habría omitido “deliberadamente la comunicación con la IGJ (Inspección General de Justicia) del aumento del capital social” resuelto durante septiembre de 2013.
De acuerdo a la denuncia, Macri se habría alzado con la suma de 54.286.824 pesos, “resultando el único socio de Agro G S.A. que retiró dividendos en los últimos 10 años, mientras que el resto de los accionistas consentían dicha situación que ocurrió tanto cuando los resultados de los ejercicios anuales arrojaban ganancias, como cuando representaban quebrantos”.
Por último, la Oficina Anticorrupción, cuyo liderazgo varía con cada cambio de Gobierno, indicó que la suma de más de 54 millones de pesos fueron transferidos “en conceptos de dividendos por la firma Latin Bio S.A.”.
De acuerdo a la denuncia, los accionistas mayoritarios de dicha empresa son la firma Agro G S.A., quien tiene el 29,75% del capital social, mientras que el otro 20,25% es propiedad de la esposa del exmandatario, Juliana Awada.
