Una importante cadena de electrodomésticos está en crisis y cierra locales en todo el país
La compañía no consigue inversores que la saquen a flote.
La situación de la cadena de electrodomésticos Garbarino está cada vez peor. Con una deuda pendiente, sin inversores que impulsen sus operaciones y sueldos sin pagar, el futuro de la empresa es cada día más incierto.
El empresario Carlos Rosales, dueño del grupo asegurador Prof, actual dirigente de San Lorenzo y exfuncionario bonaerense, durante el gobierno de Daniel Scioli, se convirtió en el director ejecutivo de la compañía hace aproximadamente un año. La esperanza de que la renovación de la cúpula de Garbarino posibilitara remontar el negocio quedó atrás luego de que el principal interesado en comprarla, Facundo Prado, presidente de Supercanal Arlink y CEO de la empresa Centrocard, retirara su oferta.
En ese contexto, se suma el cierre de varios locales a lo largo del país. Los trabajadores denuncian que de un día para otro la cadena les ordenó a los gerentes que cerraran los negocios a partir de las 15:00 horas sin fecha de reapertura.
“Estamos ante un lockout patronal", afirmó en declaraciones radiales el secretario gremial del Sindicato de Comercio, Juan Gómez. Muchos trabajadores del sector tomaron los locales para defender sus puestos de trabajo y exigir la reapertura de los negocios.
Sin embargo, Garbarino sostiene que "la mayoría de los puntos de venta están abiertos" y que los cierres se dieron solo en lugares "cuya situación pudiese implicar un riesgo para la integridad física de las personas, tanto empleados como clientes, y de los bienes, la mercadería y el mobiliario".
Deudas y una venta frustrada
La cadena no se da por vencida e intenta saldar la deuda por 4.629 millones de dólares en cheques rechazados. El principal problema sería que los interesados en comprar la compañía quieren quedarse con el total de la empresa, pero Rosales preferiría adquirir socios e inversores antes que ceder completamente Garbarino.
En ese sentido, fuentes cercanas a Prado explicaron: “Estamos afuera porque venció el tiempo de aprobación de nuestra propuesta y fue rechazada. Estiraron todo y, a último momento, nos dijeron que no. No hubo acuerdo económico, eso es lo que pasó”. Tanto desde la empresa de telecomunicaciones como desde los trabajadores, advierten que unas 4.000 familias dependen de la compañía y que por eso hay que encontrar una solución rápidamente.
