El Gobierno reglamentó las leyes de Interrupción Voluntaria del Embarazo y de los 1.000 días
Lo hizo a través de un decreto publicado en el Boletín Oficial que establece cuál es el ministerio que será la autoridad de aplicación.
El 30 de diciembre de 2020 no fue un día más en la historia de Argentina: el Senado de la Nación aprobó las leyes de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE), una lucha histórica de los feminismos, y de los 1.000 días.
De esta manera, el presidente Alberto Fernández cumplió con una de sus promesas de campaña. Sin embargo, todavía no se había reglamentado. Por eso, por medio del Decreto 516/2021 publicado por la medianoche en el Boletín Oficial, el Gobierno regularizó la normativa.
Asimismo, el escrito llevó las firmas de Fernández, del jefe de Gabinete de Ministros, Santiago Cafiero, y de las ministras de Salud, Carla Vizzotti, y de Mujeres, Géneros y Diversidad, Elizabeth Gómez Alcorta.
A su vez, en sus tres artículos, definió al Ministerio de Salud de la Nación como la autoridad de aplicación de la Ley 27610 y establece de qué manera se llevará a cabo la práctica del “ejercicio del derecho a la confidencialidad” y de “las condiciones de otorgamiento del consentimiento informado”.
Por otro lado, deja en claro cómo actuar ante “la situación de las personas con capacidad restringida” y, además, cuáles serán “los supuestos en los cuales los o las profesionales de la salud no podrán alegar objeción de conciencia”.
“El personal de salud no podrá negarse a la realización de la interrupción voluntaria del embarazo en caso de emergencia, cuando la práctica deba realizarse en forma urgente, pues su no realización inmediata pondría en riesgo la salud física o la vida de la persona gestante”, detalla el documento.
Los 1.000 días
Para la Ley Nacional de Atención y Cuidado Integral de la Salud durante el Embarazo y la Primera Infancia, conocida como de los 1.000 días, el Decreto 515/2021 fue firmado por las mismas autoridades y se sumaron los ministros de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, Claudio Moroni, y del Interior, Eduardo “Wado” de Pedro.
Allí se establece que “a los fines de garantizar el ejercicio de los derechos y el cumplimiento de las obligaciones establecidos” en la Ley 27611, “resulta necesario el diseño del modelo de atención y cuidado integral por parte de la Autoridad de Aplicación”, que también será el Ministerio de Salud.
