ATE
ATE sostuvo que el DNU y la Ley Ómnibus son “una reforma constitucional encubierta”
El gremio asegura que el presidente quiere regalarle el país a cuatro o cinco compañías.
El secretario general de ATE (Asociación Trabajadores del Estado), Rodolfo Aguiar, se manifestó sobre la reciente Ley Ómnibus que fue presentada ante el Congreso y que implementa otro paquete de reformas.
Según expresó el dirigente del sindicato, si se suma el DNU presentado la semana pasada con la Ley Ómnibus, lo que pretende el presidente Javier Milei es hacer una reforma constitucional, por lo que ATE rechazó contundentemente la medida.
“Si al mega decreto se le suma la Ley Ómnibus, estamos frente a una reforma constitucional encubierta”, dijo el secretario de ATE, quien también agregó: “Los niveles de tolerancia al nuevo gobierno bajan aceleradamente”.
Y advirtió: “Es tan grave el intento de poner en disponibilidad a todos los trabajadores del sector público que solo lo hicieron los gobiernos de facto en nuestro país. Es evidente que quieren regalarle la Argentina a 4 o 5 corporaciones y para eso necesitan destruir el Estado”.
En ese sentido, el gremialista hizo un llamado a resistir y defender los derechos de los trabajadores. “Tenemos que resistir este nuevo intento de privatizar las empresas públicas”.
Asimismo, explicó: “La profunda reforma del Estado planteada en el proyecto incluye la venta de empresas públicas y la disolución de numerosos organismos dejando a sus trabajadores en disponibilidad por un lapso de 12 meses como máximo, siendo despedidos si no son reasignados dentro de ese plazo”.
Además, el líder del sindicato subrayó: “Se intenta suspender el ejercicio de uno de los poderes del Estado. El presidente pretende arrogarse facultades legislativas y eso hiere de muerte a la democracia argentina”.
Qué dice la Ley Ómnibus sobre la privatización de empresas estatales
El proyecto que contiene más de 600 artículos establece entre otras cosas un capítulo específico referido a las privatizaciones de empresas estatales y sociedades de propiedad total o mayoritaria en manos del Estado.
“Atendiendo la necesidad de concentrar la actividad del Estado en sus funciones esenciales, se dispone la privatización de determinadas empresas públicas, en el marco de la normativa al efecto vigente de la Ley N° 23.696 de Reforma del Estado, con el fin de generar mayor competencia y eficiencia económica, reducir la carga fiscal, mejorar la calidad de los servicios, promover la inversión privada y profesionalizar la gestión de las empresas”, señala el proyecto.
De aprobarse, la medida afectará 41 firmas y organismos, entre las que destacan YPF, Aerolíneas Argentinas, AYSA, Correo Argentino, Banco de la Nación Argentina (BNA), Energía Argentina SA (IEASA), Operadora Ferroviaria, Radio y Televisión Argentina (RTA), y Corredores Viales, entre otras, que en total suman 134.027 empleados.
