JUDICIALES
El Huecú: están condenados por atacar a una menor, pero cumplen la pena en sus casas
Una jueza argumentó que no hay lugar en los establecimientos penales de la provincia. La Fiscalía pidió revisar la medida y que cumplan la sentencia en una comisaría.
La fiscal Natalia Rivera pidió que se revise la decisión de la jueza de garantías, Leticia Lorenzo, que permitió a dos hombres condenados a 8 años de prisión, por el abuso sexual de una menor, cumplir la pena en sus respectivas viviendas. La magistrada tomó la determinación al esgrimir que no hay lugar en establecimientos penales provinciales para alojarlos. El aberrante hecho ocurrió en El Huecú.
En una primera instancia, la funcionaria había acordado que los abusadores cumplieran la pena en sus casas ante la falta de espacio en las unidades de detención. Pero un informe reciente de la jefatura de Seguridad Interior de la Policía de Neuquén indicó que era posible alojarlos en dependencias de Buta Ranquil. Por esta razón, la representante del Ministerio Público Fiscal (MPF) instó a un cambio de modalidad.
La jueza de Garantías Lorenzo no hizo lugar al planteo y consideró que "los condenados no pueden ser alojados en comisarías y, ante la imposibilidad de la Policía de la localidad del Huecú de establecer una custodia permanente, dispuso que el control de la detención se realice mediante rondines sorpresivos".
Los condenados son S.C. y B.C., quienes el 18 de noviembre junto a R.C. fueron declarados responsables por abusar sexualmente de una niña de su entorno en El Huecú.
Al estar cerradas las cárceles de la provincia por disposición de las juezas de ejecución, la Fiscalía accedió a que comenzaran a cumplir la condenada en un domicilio de El Huecú hasta tanto se hallara un espacio para alojar a los condenados.
Pedido de la Fiscalía con acuerdo de querella
El jueves de la semana pasada, se realizó una audiencia en la cual la jueza Lorenzo rechazó el traslado de los sujetos a comisarías y dispuso que continúen detenidos de manera domiciliaria con controles sorpresivos por parte de la Policía.
Con el respaldo de la querella institucional en representación de la víctima, la fiscal Rivera pidió la revisión de la medida. La audiencia se concretará en los próximos cinco días, en fecha a confirmar por parte de la Oficina Judicial de la jurisdicción.
