LEGISLATURA
Buscan fijar un plazo de entrega a los proveedores de bienes y servicios
Ante la falta de determinación del plazo, los proveedores estarían obligados a responder en un máximo de 15 días luego de celebrado el contrato.
Con el objetivo de establecer un régimen de protección de los consumidores ante el incumplimiento de los tiempos de entrega por parte de proveedores de bienes y servicios, el diputado, Carlos Coggiola, presentó este miércoles un proyecto de ley en la Legislatura provincial.
La iniciativa plantea que la utilización de fórmulas ambiguas se interpretará a favor de los consumidores, quienes deberán aceptar de manera expresa el plazo fijado por los proveedores. Ante la falta de determinación del plazo de cumplimiento, se asumirá que este es de 15 días luego de celebrado el contrato.
En caso de incumplimiento, se propone un resarcimiento al consumidor equivalente al 1% del valor del bien o servicio por cada día de retraso en la entrega.
Coggiola remarca en los fundamentos la necesidad de establecer herramientas legales que garanticen la protección de los consumidores y subraya que el plazo de obtención del bien o servicio es una cuestión decisiva al momento de decidir la adquisición.
También destaca que la propuesta brinda a la Dirección Provincial de Protección al Consumidor “una herramienta y un parámetro concreto para la determinación del daño directo ocasionado al consumidor por el incumplimiento contractual del proveedor del bien o servicio de los plazos acordados, de manera complementaria con el sistema de responsabilidad civil general que pudiera perseguirse por la vía judicial ordinaria”.
Pedido de informes sobre recursos para investigaciones penales
Diputados de varios bloques presentaron un pedido de informes al Poder Judicial sobre los recursos técnicos, humanos y profesionales aplicados a pericias y elaboración de informes en investigaciones de causas penales.
El pedido obedece a expresiones del Ministerio Público Fiscal sobre el déficit de recursos, como las expresadas en ocasión de una audiencia por la explosión de la escuela de Aguada San Roque, o las vertidas durante la investigación de la estafa millonaria con planes sociales.
Argumentan que “la investigación de los delitos en tiempo razonable y perentorio es una de las características salientes del Código Procesal Penal” neuquino. El proyecto cuenta con las firmas de Carlos Coggiola, Luis Aquín, Leticia Esteves, Ayelén Quiroga, Soledad Martínez y Lucas Castelli.
