Amnistía Internacional entregó su informe anual sobre Chile: "Piñera deja un legado sombrío”

La prestigiosa organización Amnistía Internacional publicó hoy su informe sobre la situación de derechos humanos en casi todos los países del mundo, entre ellos, Chile. El reporte destacó, principalmente, el uso excesivo de la fuerza por parte de las fuerzas de seguridad, la migración y las reclusiones arbitrarias.

"No hay avances en materia de derechos humanos, justicia y reparación", sentenció Rodrigo Bustos, el director de la oficina en Chile de Amnistía Internacional, en referencia a la crisis social que estalló en 2019 en el país trasandino.

Aquellas protestas masivas dejaron una treintena de víctimas, miles de heridos y una inmensidad de acusaciones de violencia policial. Al día de hoy, el escenario en Chile es de “mucha impunidad”, afirmó Bustos en diálogo con la agencia Efe.

"Instituciones como la Policía, el Ejército y el Ministerio Público, que dependían del anterior gobierno, cometieron graves violaciones de derechos humanos y la administración no priorizó ni entregó todos los recursos que se requerían ante tan grave crisis", aseveró.

"Por eso hemos dicho que tenemos un legado sombrío en materia de derechos humanos de la Administración de Piñera, y ahora las nuevas autoridades que han asumido en el Gobierno y en el Congreso tienen la obligación de avanzar en saldar esas deudas", continuó el referente de Amnistía.

En línea con las propuestas del nuevo Ejecutivo de Chile, liderado por el presidente Gabriel Boric, Amnistía llama a que se realice con urgencia una profunda reforma de Carabineros (policía militarizada).

Pueblos originarios y migrantes

Otros aspectos analizados en el informe de Amnistía Internacional en el país vecino fueron, por un lado, la criminalización de las protestas de los pueblos originarios en el sur de Chile y, por el otro, la migración en el norte.

"Por muchos años hemos planteado nuestra preocupación y condena a la criminalización de la protesta en las regiones del sur”, indicó Bustos y continuó: “El Estado está en deuda por el no reconocimiento constitucional (de los indígenas) y por la no entrega de tierras ancestrales”.

También en línea con el nuevo Gobierno, el representante chileno de la ONG señaló: "Creemos que el camino adecuado no es la criminalización -concluyó- y es muy interesante que se pueda abrir un camino de diálogo donde se converse con todos quienes han sufrido en la región".

Asimismo, la organización denunció las deportaciones masivas de venezolanos, que tuvieron lugar el año pasado, así como también el endurecimiento de la política migratoria y la falta de protección a los migrantes que llegan a la frontera.