Servicio Penitenciario Federal: qué le pidió Alberto Fernández a Garrigós de Rébori
Se trata del segundo organismo público intervenido por el oficialismo.
Es de público conocimiento que en los últimos días María Laura Garrigós de Rébori ha sido nombrada como interventora del Servicio Penitenciario Federal (SPF). Previamente a este hecho, Alberto Fernández le explicó a la letrada cuáles serán sus funciones dentro del Gobierno.
Según expresó la exjueza, el jefe de Estado le "ofreció todo su apoyo" y además le garantizó que cuenta con "total libertad para desarrollarme como interventora del Servicio Penitenciario Federal y también en el cargo de subsecretaria de Asuntos Penitenciarios".
En este sentido, la exintegrante de la Cámara de Casación Penal estableció que también fue informada del mayor interés del Presidente, y esto es ser constantemente informado respecto de los avances de su trabajo, ya que "un funcionario del Poder Ejecutivo trabaja bajo las directivas de quien encabeza el Poder Ejecutivo", según habría expresado Fernández.
A su vez, Garrigós de Rébori fue notificada de determinadas condiciones con las que deberá cumplir mientras se desempeñe en sus cargos. Según dijo, una de ellas es intentar diseñar un protocolo para restablecer el sistema de visitas por parte de los familiares a los internos que cumplen sus condenas.
En este sentido, la interventora remarcó que también hay deficiencias en la comunicación de los reclusos con sus abogados. "Por lo que he podido averiguar, hay horas de espera para que puedan hablar los internos, porque hay que ir a buscarlos a los pabellones, traerlos, requisarlos, en fin, demora muchísimo", afirmó, en una entrevista realizada en Télam.
Luego se refirió a las 25 personas que han sido identificadas como portadoras de coronavirus en las cárceles. Afortunadamente, "2 se han curado y los demás están todavía cursando el período que presenta síntomas". También contó que hay "60 agentes penitenciarios contagiados".
Otra de las razones por las cuales ha sido intervenido el SPF, es la posibilidad de que haya sido utilizado para ejecutar un sistema corrupto de liberaciones de presos para realizar crímenes contra diversas figuras políticas. Es a partir de este supuesto que nació la causa de espionaje ilegal.
En los próximos días, el juez de Lomas de Zamora, Federico Villena, espera por las declaraciones como querellantes de varios representantes de política local. Destacan los nombres de Horacio Rodríguez Larreta y María Eugenia Vidal, así como también Cristina Fernández de Kirchner y Hugo Moyano.
