"Es una defensa corporativa": Vilma Ibarra sobre la acordada de la Cámara Criminal

La Secretaria Legal y Técnica de la Presidencia, Vilma Ibarra, aseguró este jueves que el proyecto de reforma judicial que impulsa el Gobierno Nacional no es “de ninguna manera inconstitucional” y calificó de “defensa corporativa” a la acordada emitida por la Cámara Nacional en lo Criminal.

“Sería bueno dejar de decir que todo lo que no nos gusta es inconstitucional. Está bien que se forme un debate público, pero es raro que hayan puesto en una acordada lo que podría ser una declaración de prensa, porque dicen lo que opinan", consideró la funcionaria.

La Cámara Nacional en lo Criminal rechazó este miércoles, por unanimidad, la iniciativa planteada por el Ejecutivo que prevé la adhesión de 23 nuevos magistrados del fuero Criminal y Correccional para fungir, como subrogantes, en los nuevos tribunales Federales y Penal Económico.

"Parece una defensa corporativa”, destacó Ibarra, y afirmó que “tanto la Constitución como la propia Corte” señalan que dichas competencias deben "terminar de pasar a la Ciudad de Buenos Aires”, y la reforma procura “terminar de cumplir con la transferencia de delitos no penales a ese distrito”.

La Secretaria ratificó que la transformación propuesta por la Presidencia supone un “compromiso de campaña. Cuando hablamos de temas graves en la Argentina, como narcotráfico, tratas de personas y corrupción de funcionarios públicos, hablamos de la justicia federal”.

“Este gobierno está tratando cosas que nos importan mucho a los argentinos, como lo es tratar de mejorar el funcionamiento del fuero federal, que no sea pendular e investigue solo a opositores y no a funcionarios de turno: que sea una justicia más proba y digna”, concluyó la abogada.

La Cámara Nacional en lo Criminal criticó duramente la reforma judicial en lo tocante al nuevo Fuero Penal Federal que fusiona el Criminal y Correccional Federal con el Penal Económico, señalándola de “ignorante” en lo tocante al funcionamiento de la misma y considerando las medidas como un “desguace discrecional”.

Asimismo, interpretaron como “no acorde a la Constitución y a las Convenciones” remover las atribuciones al fuero de Instrucción, así como la transferencia de jueces a “cualquier otra jurisdicción, provincial o de la Ciudad sin su consentimiento”.