Derechos Humanos para las personas en situación de calle: qué debatirá el Congreso

En un contexto de desalojos en el Barrio 31, el Congreso analizará garantizar estabilidad en el sector más desfavorecido de la sociedad.
domingo, 3 de octubre de 2021 · 12:51

Si el Congreso sanciona rápido la Ley de Etiquetado Frontal, se continuará con el debate del proyecto de ley para garantizar los derechos humanos de las personas en situación de calle.

Así lo confirmaron fuentes oficiales del Congreso y adelantaron que el próximo martes, 5 de octubre, será la fecha destinada a debatir la medida impulsada por el bloque del Frente de Todos en el Poder Legislativo.

La iniciativa presentada en el Congreso por el diputado oficialista, Federico Fagioli, en marzo pasado y que recibió en ese entonces el respaldo del exministro de Desarrollo Social, Daniel Arroyo, deberá debatir en la Cámara Baja la medida que tiene como principal objetivo “garantizar integralmente y hacer operativos los derechos humanos de las personas en situación de calle y en riesgo a la situación de calle que se encuentren en el territorio de la República Argentina”.

Se busca la salida para más de 3 millones de personas en situación de indigencia.

Cabe destacar que, según el último informe que presentó a mitad de semana el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) sobre el reporte del nivel de pobreza e indigencia que sufre el país con datos del primer semestre del 2021, 4 de cada 10 personas vive por debajo de la línea de pobreza. Es decir, el 40,6 % de la población del país, lo que representa alrededor de 11,7 millones de personas que apenas alcanzan la canasta básica familiar.

En tanto, cuando se miden los niveles de indigencia, es decir, aquellas personas que no alcanzan a cubrir ni siquiera las necesidades básicas, según el Indec representan un 10,7 % de la población, que sería casi 3,1 millones de personas.

En esta exposición, los principales oradores que tendrá el oficialismo por la ley serán el diputado creador del proyecto, Fagioli, así como el secretario General de la Central de Trabajadores de la Argentina (CTA), Hugo Yasky.

Juan Zabaleta reemplazó a Daniel Arroyo en el Ministerio de Desarrollo Social tras su postulación en las PASO.

 

Los puntos principales de la medida

El proyecto se basará en dos grandes medidas básicas, en primer lugar, en la identidad de las personas en situación de calle y, en segundo lugar, comprender la problemática e intentar reubicar a los ciudadanos con el apoyo sanitario y social correspondiente.

El proyecto de ley contempla el derecho a la identidad, señaló Fagioli, por lo que el Estado deberá facilitar el trámite de los documentos necesarios de las personas, como el DNI, partida de nacimiento, pasaporte y CUIL.

En cuanto a lo más difícil de abordar, la medida abarca el derecho de acceso y uso de los servicios, de la infraestructura y de los espacios públicos; de los servicios socio asistenciales, de salud y de apoyo para la obtención de un trabajo y vivienda, por lo tanto, organismos como el Ministerio de Desarrollo Social y el INDEC deberán trabajar en conjunto para hacer a la política abarcativa.

Se buscará la creación de centros voluntarios de acceso.

Además, el proyecto busca establecer la creación de una red nacional de Centros de Integración Social, los cuales serán de acceso voluntario y funcionarán las 24 horas los 365 días del año; promoverán la integración social con el objetivo de respetar las características propias de las personas y de los grupos familiares. Asimismo, proveerán tanto prestaciones básicas de alojamiento, alimentación, higiene y cuidados primarios de la salud, como espacios terapéuticos, talleres y actividades de formación, capacitación y ocupación laboral, adaptados a los conocimientos e intereses de los destinatarios, entre otros puntos, destaca el documento.

Cabe destacar que, en un contexto de desalojos, tal como el que ocurrió en el Barrio 31 de la Ciudad de Buenos Aires y en Guernica a mitad del año pasado, la iniciativa incluye además un artículo por el cual, dentro de los dos años posteriores a partir de la vigencia de la ley, se suspendan los desalojos.

Otras Noticias