Causa peajes durante la gestión de Mauricio Macri: la Justicia pidió el procesamiento de exministros

Se pidió un cambio de mando en la investigación y se quitó del caso a una magistrada.
lunes, 23 de agosto de 2021 · 13:49

El organismo de Vialidad Nacional y la Unidad de Información Financiera (UIF) pidieron el procesamiento de funcionarios del gobierno de Mauricio Macri. Se trata del exministro de Transporte, Guillermo Dietrich, el exministro de Hacienda, Nicolás Dujovne; el entonces Procurador del Tesoro, Bernardo Saravia Frias, y el extitular de Vialidad, Javier Iguacel.

Así lo pidió la Cámara Federal sobre los acusados de irregularidades en la renegociación de contratos con empresas concesionarias de autopistas. Una de ellas que perteneció a la familia del expresidente.

Se analiza cómo beneficiaron las irregularidades a la compañía Abertis, ligada al Grupo Macri.

Pero eso no es todo, la UIF también pidió el apartamiento de la jueza federal, María Eugenia Capuchetti, en la causa, ya que se la acusó de dictar la falta de mérito a los exfuncionarios del gobierno de Mauricio Macri cuando había evidencias de irregularidades.

“Tanto las testimoniales como la documental agregada son coherentes en demostrar la existencia de elementos de cargo, que prueban las hipótesis investigadas”, afirmó la UIF y caracterizó a Capuchetti de recortar el objeto de la investigación.

De esta manera el caso vuelve a estar en manos de los jueces de la Cámara, Martín Irurzun, Eduardo Farah y Roberto Boico.

 

Los detalles de la causa peajes

La causa que tiene en la mira a exfuncionarios de Mauricio Macri investiga presuntas maniobras a través de las cuales las empresas Ausol y el Grupo Concesionario Oeste S.A. se vieron beneficiadas por medidas tomadas durante su Gobierno.

En principio, se evalúa cómo las compañías lograron prolongar la concesión de los peajes de los accesos Norte y Oeste, respectivamente, hasta 2030.

Además, se investiga cómo reconoció el Gobierno de Mauricio Macri supuestas deudas de 499 millones de dólares y 247 millones de dólares.

En consecuencia, la interiorización en el caso llevó a reconocer supuestas maniobras fraudulentas que beneficiaron a Abertis Infraestructuras, ligada al Grupo Macri, por lo que la investigación quiere probar si existió un armado de renegociación de las concesiones con la excusa de un reclamo millonario ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI), que se presentó días previos a la toma de poder del expresidente.