ZAPALA
A la jueza de Faltas de Zapala le espera un complicado futuro legal
La sala acusadora del Concejo Deliberante de Zapala podría avanzar con el juicio político y separarla del cargo.
El escándalo que tiempo atrás sacudió la calma de la localidad de Zapala suma un nuevo capítulo. Se trata del proceso judicial que pesa sobre la jueza de Faltas de la ciudad, Delia Sánchez, por presuntas irregularidades en su labor pública.
La funcionaria de Zapala en cuestión, contrariamente a todas las normativas vigentes y procedimientos legales y administrativos, habría delegado en un abogado particular el cobro judicial de las multas labradas por inspectores municipales de la localidad.
Hoy, la sala acusadora del Concejo Deliberante de Zapala podría avanzar con el juicio político y separarla de su cargo. Ya que la comisión investigadora definió por mayoría que las pruebas presentadas son suficientes para formular la acusación contra Delia Sánchez.
En este sentido, si la sala acusadora del cuerpo legislativo de Zapala acepta el dictamen que arrojó la investigación, el futuro legal de la funcionaria será cada vez más complicado. Ya que con solo dos tercios afirmativos se podrá proceder a dictar la sentencia contra Sánchez.
En este marco, si la jueza de Faltas de Zapala resulta culpable, será destituida de su cargo e inhabilitada para asumir nuevos puestos públicos.
Cabe recordar que fue el fiscal administrativo municipal, Marcos Saccoccia, quien efectuó, en correspondencia con su responsabilidad, la denuncia ante la Justicia Civil, al detectar el irregular mecanismo que impartía Delia Sánchez.
Maniobra ilegal: de qué se acusa a Delia Sánchez
Según informaron fuentes oficiales, los hechos que se le endilgan a la jueza de Faltas de Zapala habrían ocurrido entre el 6 de febrero de 2020 y el 18 de marzo de 2021. Puntualmente, a Delia Sánchez se la acusa bajo la calificación provisoria de abuso de autoridad, delito cometido en 7 hechos, y sustracción de efectos públicos o peculado, también en 7 oportunidades.
En tanto, se advierte que la magistrada adquiría el cobro judicial de las multas labradas en su momento por inspectores municipales a través de un estudio jurídico particular y no en la Fiscalía municipal, tal como establece la Carta Orgánica de la ciudad. Es decir, Delia Sánchez enviaba desde el Juzgado municipal de Faltas las deudas a un abogado privado que no estaba legitimado para el cobro vía judicial. Aparentemente, la maniobra desleal de la jueza afectó a casi 100 personas.
