Juicio de YPF: la Coalición Cívica ARI le envió una carta a Nielsen

Advierten por el rol de Carlos Zannini y los fondos extranjeros implicados.
viernes, 14 de febrero de 2020 · 12:56

La Coalición Cívica ARI le envió una carta al presidente de YPF, Guillermo Nielsen, debido al juicio que enfrenta la petrolera estatal en Nueva York con el grupo Burford y su preocupación por la defensa a cargo de Carlos Zannini. 

En la demanda, el fondo extranjero le reclama en nombre del Grupo Petersen, perteneciente a la familia Eskenazi, una indemnización millonaria a YPF por la nacionalización de la compañía.

La carta está firmada por los diputados nacionales de la Coalición Cívica ARI, Elisa Carrió, Paula Oliveto, Maximiliano Ferraro, Juan Manuel López, Mariana Stilman y Mariana Zuvic. Le solicitan al presidente de la petrolera nacional que “adopte las decisiones adecuadas para contribuir al esclarecimiento de los hechos investigados respecto de la expropiación de la compañía  y se pueda avanzar con la recuperación del dinero proveniente de los hechos de corrupción”. 

En el documento, los emisores expresan a Nielsen estar preocupados porque Carlos Zannini, procurador del Tesoro de la Nación, sea quien encabece la defensa del Estado, ya que “fue director del Banco de Santa Cruz, propiedad de la familia Eskenazi quienes, precisamente, vendieron sus derechos al fondo Burford, que actualmente demanda a nuestro país” y detallan que “Burford se habría comprometido a retribuir a la familia Eskenazi con el 30% de lo ganado en el juicio, razón por la cual hay severas y fundadas sospechas que detrás del fondo Burford estarían los Eskenazi”. 

En la carta al titular de YPF, sostienen que Zannini “mantiene una estrecha relación con quienes vendieron sus derechos a los actuales demandantes del Estado argentino y que, reiteramos, estarían detrás de ellos”. 

“Resulta indispensable comunicarle que en el año 2006 quienes suscriben la presente nota junto a otros diputados nacionales realizamos una denuncia penal contra la empresa Repsol YPF ante los tribunales federales para que se investigara si la compañía petrolera había cometido los delitos de contrabando de hidrocarburos, evasión fiscal y fraude, entre otros, además de solicitar que se investigara la posible comisión de los delitos de incumplimiento de los deberes de funcionario público, ante la ausencia del Estado en su ejercicio de poder de policía”, recordaron a Nielsen desde la Coalición Cívica ARI. 

Asimismo, agregaron: “lo que desde el gobierno argentino de aquellos años se presentó como un paso hacia la nacionalización del petróleo, no fue otra cosa que una ayuda a la salida de Repsol-YPF de un escenario altamente desfavorable, que se remontaba desde hace años atrás con el proceso de desinversión del grupo español en Argentina junto con los altos niveles de retención a la exportación del crudo y precios máximos en la venta de combustibles al mercado interno, donde Repsol-YPF era el líder” y que “así, sostuvimos que la venta del 25% de las acciones de YPF, puso al descubierto que se trató de la ejecución de una nueva matriz de saqueo y vaciamiento”. 

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