Conflicto: la familia Sepúlveda reclama sus tierras en la zona de Villa Nahueve

Los integrantes de la familia Sepúlveda asistieron a la comisión de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Desarrollo Sustentable de la Legislatura de Neuquén, donde expusieron el conflicto de sus tierras afectadas ante la construcción de la Microcentral Multipropósito “Pedro Salvatori”, la cual se construye sobre el río Nahueve.

El encuentro fue parte del tratamiento de un proyecto de la diputada del Frente de Todos, Soledad Salaburu, donde se decidió elevar un pedido de informe a la Agencia de Inversiones de Neuquén para que se dieran detalles sobre el avance de la Central Hidroeléctrica. Además, la comisión acordó el pedido de consulta para conocer las tareas que lleva adelante el Observatorio Socioambiental Nahueve, en relación al trabajo con las familias afectadas de la zona.

En su intervención, Héctor Valdemar Sepúlveda aseguró que no se opone a la construcción de la represa “porque ya está avanzada”, pero mencionó que en sus tierras tenía distintos proyectos productivos a la que no puede acceder, debido a que la policía se lo impide, pese a que la fiscalía le dice que sí puede ingresar.

Relató que su familia vive en esos terrenos desde 1940 y acusó a personas vinculadas al Gobierno provincial y, en particular, al intendente de Villa Nahueve, Carlos Burgos, de querer quedarse con lotes ubicados cerca del río; lugar donde se realiza el proyecto multipropósito.

Al respecto, la diputada Salaburu agregó: “No estamos diciendo no a la represa, no a la inversión, no al avance; sino que eso signifique un desarrollo para toda la población y no sólo para algunos. Hay que generar diálogo con las familias afectadas por esta situación”.

El reclamo de las tierras

En la comisión de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Desarrollo Sustentable de la Legislatura, Héctor Valdemar Sepúlveda, defendió la titularidad de las tierras, conocidas como lote 32, sobre las que recae el proyecto de la Microcentral Multipropósito “Pedro Salvatori”.

Explicó que, en el año 2016, el Gobierno provincial firmó un decreto en el que reconoció las 46 hectáreas en disputa a favor de la familia Sepúlveda, las cuales eran reclamadas desde la década del ‘40. En ese marco dijo que, dos años más tarde, se emitió otro decreto que dictaminó la escrituración a nombre de la familia.