LEGISLATURA
Se aprobó por ley la emergencia carcelaria en Neuquén y se tomó deuda por 50 millones de dólares
La votación terminó cerca de las 23:30 y contó con 21 votos positivos. Hubo críticas a la falta de fundamentación del proyecto y al endeudamiento de la provincia.
En una sesión extraordinaria llevada adelante el viernes por la noche, la Legislatura aprobó por mayoría el proyecto de ley impulsado por el oficialismo para declarar la emergencia carcelaria en Neuquén. Ahora, el ejecutivo tendrá la facultad para realizar operaciones de crédito público por hasta 50 millones de dólares.
La iniciativa estuvo acompañada por los bloques afines a la gestión actual y por el Movimiento Popular Neuquino (MPN); mientras que Unión por la Patria junto al Frente de Izquierda, se opusieron con severas críticas al proyecto. En total se obtuvieron 21 votos positivos aportados por Desarrollo Ciudadano-Comunidad, PRO-NCN, Arriba Neuquén, Avanzar, MPN y Cumplir.
La declaración de la emergencia carcelaria fue la herramienta que encontró el gobierno para hacer frente a la crisis, la falta de infraestructura de servicios y la superpoblación dentro tanto en las comisarias como en la unidades penitenciarias. Ahora bien, el ojo crítico de quienes no acompañaron estuvo puesto, por un lado, en la cantidad de años que durará la emergencia y por otro, en la cifra que será solicita como crédito.
En las horas previas, el diputado de Unión por la Patria, Darío Martínez, había adelantado que su voto sería negativo al asegurar que el proyecto no contaba con una fundamentación y criticó la falta de precisiones en cuanto a las tasas y plazos del endeudamiento. "No te dice qué quiere hacer, no hay un plan", sostuvo. Durante la sesión, planteó que las necesidades carcelarias se podrían cubrir con 22 millones de dólares.
Su par, Lorena Parrilli también cuestionó el endeudamiento en moneda extranjera y afirmó que se trata de una práctica habitual del actual gobierno provincial. Desde el FIT-U, Gabriela Supiccich coincidió “en el diagnóstico” de la situación carcelaria, con elevados índices de hacinamiento y condiciones indignas de habitabilidad de las unidades, pero advirtió que la ley no dará respuesta a la situación, al tiempo que cuestionó el “cheque en blanco” que constituye el endeudamiento.
La emergencia carcelaria fue fundamentada por el diputado Ernesto Novoa (Desarrollo Ciudadano-Comunidad) quién calificó la situación como “sumamente grave”, denunció que, por la superpoblación de las cárceles, en la actualidad se utilizan las comisarias para alojar personas detenidas y condenadas. En otro de los puntos, expuso que son “deplorables” las condiciones edilicias de los centros penitenciarios. “Debemos dar una respuesta para que quienes hayan cometido un perjuicio a la sociedad, lo paguen, pero en condiciones dignas”. Advirtió que el sistema alberga a más de mil personas detenidas, en un régimen carcelario con capacidad para 600.
El diputado Francisco Lépore (Avanzar) informó que en lo inmediato se necesitan incorporar 200 plazas nuevas para bajar el cupo de detención de la U11 y descomprimir las comisarias, que alojan a 55 personas privadas de su libertad. Agregó que el financiamiento servirá para afrontar reparaciones, incorporar equipamientos y restaurar servicios en las unidades de detención. Mientras que Gerardo Gutiérrez del MPN sugirió que se incorpore al Comité contra la tortura como consultor de los distintos aspectos de la emergencia.
