JUDICIALES
Formularon cargos a integrantes de la Cooperativa 14 de Octubre por estafas millonarias
Vendían terrenos que se encontraban en la zona de la Meseta y no fueron entregados.
En una audiencia llevada a cabo en la Ciudad Judicial, el fiscal del caso, Juan Manuel Narváez, junto a la asistente letrada Tanya Cid, formularon cargos a tres personas por estafas que superan los 400 millones de pesos, mediante la simulación de la venta de terrenos a través de la Cooperativa 14 de octubre.
Especificaron que son 64 los afectados, mientras que una cuarta persona no se presentó a la audiencia por problemas de salud, pero será acusada en los próximos días. Según la investigación preliminar de la fiscalía de Delitos Económicos, las estafas se llevaron a cabo entre 2016 y julio de 2022.
Los acusados, identificados por las siglas de sus nombres, son el expresidente de la cooperativa, la exsecretaria general y otro individuo que colaboró en la ejecución de la maniobra al guardar parte del dinero.
La simulación implicó la utilización de la estructura de la Cooperativa 14 de octubre, aprovechándose de su prestigio en la ciudad de Neuquén. El plan consistía en vender terrenos ubicados en el Barrio Balcón de la ciudad, como parte del Proyecto de Urbanización de la Meseta.
El fiscal Narváez describió que, en octubre de 2016, se creó un fideicomiso para encargar a una empresa constructora la realización del proyecto de infraestructura. Sin embargo, los imputados se apropiaron del dinero destinado a la compra de terrenos, dejando a las víctimas sin acceso a la propiedad.
Los cargos formulados incluyen estafa genérica en concurso real por 69 hechos en calidad de coautores, mientras que a la tercera persona acusada se le imputa estafa genérica en concurso real por 51 hechos como partícipe necesaria.
Durante la audiencia, la asistente letrada solicitó que el caso sea declarado complejo, debido a la cantidad de víctimas y hechos involucrados en las estafas. El juez de garantías avaló la formulación de cargos y fijó un año como plazo de investigación.
Como medidas cautelares, se decretó la inhibición general de bienes, prohibición de salida del país y comparendos mensuales en sede policial por un año para cada uno de los acusados, con el fin de asegurar el proceso judicial y proteger los intereses de las víctimas.
