Neuquén
ATEN denunció que el propio Figueroa inició una campaña de descalificación contra los docentes
El gremio de los trabajadores de la educación cuestionó los dichos del gobernador sobre los usos de las licencias.
El conflicto salarial docente ha escalado a niveles de confrontación, luego de que las asambleas rechazaran el último ofrecimiento del Ejecutivo provincial y que este lo impusiera por decreto. El gremio docente ATEN denunció que el Gobierno “inició una campaña en descrédito y descalificación hacia la docencia neuquina”.
El gobernador, Rolando Figueroa, había afirmado que el Estado provincial paga "100 millones de dólares por año en suplencias docentes” y agregó que con ese monto “nos alcanza para hacer 64 escuelas primarias por año”.
ATEN argumentó que el Sistema Educativo Provincial tiene en total 35 mil trabajadores, de los cuales 27 mil son docentes y 8 mil auxiliares y administrativos. “Para atender y cuidar la salud de este universo, el Gobierno dispone solo de 6 profesionales médicos, todos con lugar de trabajo en Neuquén Capital. Leyó bien...6, es decir, un médico cada 5.800 trabajadores, distribuidos en 14 Distritos Regionales, en más de 700 unidades educativas, de todos los niveles y modalidades, a lo largo y ancho de nuestro extenso territorio provincial”.
Con respecto al uso de las licencias, ATEN dijo que el Consejo Provincial de Educación creó el sistema SISO, para realizar seguimientos de licencias médicas “con elementos suficientes para ejercer los controles e identificar afecciones de la salud de los trabajadores”, manifestaron.
Con esta base de datos, “si el Gobierno identificó usos indebidos del régimen de licencias, cuenta con las herramientas legales y la obligación de iniciar los procesos administrativos que correspondan”, añadieron.
ATEN expresó que al contar con la herramienta informática y con los recursos para poder intervenir, “no puede transferirnos su ineficiencia o desidia en el control de los recursos y menos del cuidado de la salud de sus trabajadores, ni su responsabilidad de ser el garante del derecho a la educación de miles de estudiantes que aún, sin aro, no han tenido condiciones materiales para su educación”.
El gremio a cargo de Marcelo Guagliardo pidió al Gobierno “evitar declaraciones que puedan afectar el vínculo docente-comunidad, exponiéndonos injustamente” y también reiteró la necesidad de retomar la instancia de negociación para poder resolver el conflicto.
